En un gesto que tensiona la relación bilateral pese a los elogios anteriores, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró este lunes desde la Casa Blanca que no permitirá el regreso al territorio estadounidense del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error durante un operativo de inmigración liderado por el Gobierno de Donald Trump.

Durante una reunión oficial celebrada en Washington, Bukele aseguró que su país está comprometido con apoyar a Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad, pero marcó un límite en cuanto a las repatriaciones. “Estados Unidos tiene un problema con el crimen y el terrorismo”, dijo el mandatario salvadoreño, y agregó que El Salvador “está deseando ayudar”.

No obstante, fue contundente al referirse al caso del ciudadano salvadoreño cuya deportación ha desatado un escándalo judicial y diplomático. “No devolverá a Estados Unidos al migrante salvadoreño que fue enviado por error a la megacárcel del país centroamericano porque es un ‘terrorista’”.

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Las declaraciones de Bukele se producen en el marco de una visita de trabajo a la capital estadounidense, donde el tema migratorio domina la agenda bilateral. El encuentro con Trump, el primero de un mandatario latinoamericano recibido en la Casa Blanca desde el regreso del republicano al poder en enero, gira en torno a acuerdos de cooperación migratoria y al uso del sistema penitenciario salvadoreño para retener a presuntos pandilleros expulsados de territorio estadounidense.

En los últimos meses, Estados Unidos ha acelerado la deportación de supuestos miembros de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y la MS-13, amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Bajo esa norma, el pasado 15 de marzo fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) 261 personas, 238 venezolanos y 23 salvadoreños en un operativo ampliamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos. Entre ellos estaba Ábrego García, residente legal en Maryland, casado con una ciudadana estadounidense y con una orden judicial que impedía su expulsión.

A pesar de que las autoridades migratorias de EE.UU. admitieron el error, el Tribunal Supremo ordenó el pasado jueves garantizar su retorno al país. Sin embargo, el Gobierno federal argumenta que no puede actuar directamente porque el ciudadano ya no se encuentra bajo su custodia.

El viernes, Trump manifestó su intención de cumplir el fallo judicial, lo que abriría la posibilidad de un anuncio conjunto con Bukele. Sin embargo, la negativa del mandatario salvadoreño cambia el escenario y deja en entredicho la viabilidad del cumplimiento del dictamen.

La postura de Bukele, al calificar a Ábrego García como “terrorista”, no solo complica el caso judicial, sino que también expone las contradicciones entre la narrativa oficial de colaboración y las decisiones soberanas del país centroamericano.

Aunque la cooperación entre ambas naciones sigue siendo estratégica, especialmente en temas de seguridad y migración, el caso Ábrego podría convertirse en un punto de fricción que ponga a prueba la solidez de la relación entre Washington y San Salvador.

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