La fresca mañana que había en Cúcuta el lunes 16 de enero, con tranquilidad en medio del inicio de una nueva semana de labores y de ajetreo comercial, se empezó a transformar con escenas de desesperación y sangre por cuenta de un aparatoso accidente de tránsito que se dio en la avenida Camilo Daza (Sevilla), alrededor del barrio Carlos Pizarro.

Un taxi destrozado y un camión, con el que chocó el vehículo de servicio público y que quedó a pocos metros, parecía un impacto normal que se da casi a diario en la capital de Norte de Santander.

Sin embargo, cada espectador y curioso que arribaba al lugar se asombraba al descubrir a un costado de la carretera el antebrazo de un hombre que viajaba como pasajero en el taxi.

Entre algunos testigos del hecho el impacto no se pudo alejar de sus mentes. Con horror recordaron el momento cuando vieron bajar del taxi a Juan José Requena Narváez, en medio de gritos de dolor con su cuerpo ensangrentado, y sin parte de su brazo derecho.

Rápidamente la víctima fue trasladada a un centro médico, mientras que las autoridades avanzaron en las pesquisas del accidente para establecer la responsabilidad de los involucrados en este inusual suceso.

¿Quién responde?

Sin embargo, a raíz de este aparatoso accidente surgen dudas de quién le responde a la víctima por los daños causados en el hecho, siendo un pasajero del transporte legal y público y qué pasaría si, en dado caso, estuviera usando el servicio de una plataforma ilegal que se ha hecho popular en los últimos años.

La Opinión indagó con las autoridades y algunos expertos  en accidentes de tránsito, además de representantes del gremio de taxistas, para conocer las circunstancias que rodean estos hechos y qué garantías tiene los usuarios del transporte en caso de sufrir un accidente similar.

Lo primero que se pudo establecer es que las empresas legalmente constituidas que brindan el servicio de transporte público están obligadas a tener las pólizas de seguro contractual y extracontractual, lo que garantiza que los usuarios estén ‘blindados’ en caso de sufrir un accidente de tránsito.

Un oficial de la Policía de Tránsito de Norte de Santander, aseguró que el Ministerio de Transporte autoriza la tarjeta de operación de un vehículo de servicio público solo cuando cumple con las exigencias de las pólizas civiles contractual y extracontractual.

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“Cuando se habilita la tarjeta de operación, que es como la cédula de cada ciudadano para el transporte público, es porque tienen las pólizas que cubren daños o lesiones de los pasajeros que van en el vehículo o si hay un tercero involucrado como un ciclista, motociclista o peatón”, explicó la fuente policial.

Según el oficial, en consecuente, el usuario de este servicio cuenta con las garantías necesarias para poder movilizarse en estos vehículos, previendo los casos de un accidente de tránsito.

Juan Carlos Bastos, presidente del sindicato de taxistas en Cúcuta, aseguró e insistió en que los seguros que ellos deben adquirir cubren los gastos necesarios.

“Cuando hay incapacidades, pensión o demás, entran a actuar el SOAT y después el seguro extracontractual y contractual, que son los que indemnizan a la víctima”, explicó el representante del gremio amarillo.

Resaltó que los vehículos de servicio particular no cuentan con pólizas de responsabilidad civil que cubran los gastos adicionales a las atenciones médicas que necesite el usuario.

Solidaridad

Sin embargo, la Policía resaltó que además de contar con las pólizas de seguros que cubren los gastos de los accidentes, también existe en Colombia el Fondo de Solidaridad, lo que obliga a los centros médicos a atender a cualquier persona que sea víctima de un siniestro, brindándole las atenciones iniciales necesarias.

La fuente policial aseguró que en caso de que el ocupante de un vehículo particular sufra un accidente, solo podrá contar con el SOAT y en su defecto con el fondo de solidaridad.

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Sin embargo, recordó que el SOAT cubre hasta 26 millones de pesos en caso de muerte en accidente, siendo la consecuencia más grave en un suceso vial.

“Imagínese qué puede recibir una persona que se esté movilizando en un vehículo que brinda un servicio de plataforma ilegal y pierda uno de sus extremidades. Tan solo recibirá la atención médica”, dijo.

Juan Carlos Andrade, abogado especialista en accidentes de tránsito, aseguró que, en estos casos el conductor del vehículo particular queda a disposición de la Fiscalía por el delito de lesiones culposas, para iniciar un proceso penal que permita establecer la responsabilidad del involucrado.

“De todas formas ahí se determinaría que el usuario solicitó un servicio de transporte ilegal, por lo que tomó el riesgo de manera consciente”, dijo.

En este proceso penal la víctima puede conciliar una indemnización con el conductor del vehículo.

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