Hay preocupación entre las personas y miembros de organizaciones sociales que actualmente tienen esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Norte de Santander, luego que, al parecer, se robaran de la casa de Erika Yáñez, coordinadora en el departamento, un equipo de cómputo con una base de datos con información de beneficiarios y entidades.
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El pasado 3 de enero, los ladrones habrían sustraído de la vivienda de Yáñez ese elemento electrónico, en el que habría datos personales de las cerca de las 200 personas y organizaciones sociales con escoltas y vehículos blindados, entre otras medidas de seguridad.
“No solo es esa cifra, podrían ser hasta 500 personas si se tiene en cuenta que hay seres queridos que son beneficiarios del esquema de seguridad y miembros de las organizaciones sociales con esquemas colectivos”, aseguró Cristian Andrés Llanos Cardona, asesor de protección y derechos humanos de Funavi.
Desde la Fundación Nacional de Víctimas y Constructores de Paz (Funavi) y del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)- capítulo Norte de Santander pidieron a la Gobernación citar a un consejo extraordinario de seguridad convocando también a las organizaciones que conforman la Plataforma Departamental de Derechos Humanos, para buscar soluciones respecto al presunto robo de la información.
“con el propósito de conocer las acciones institucionales que se adelantan para garantizar un proceso de investigación y captura de quienes robaron estos equipos informáticos”, se lee en un comunicado.
Hay silencio en la UNP
Cristian Llanos indicó que es histórico que roben en la residencia de la coordinadora de una entidad que se encarga de velar por la seguridad de personas y organizaciones amenazadas. Añadió que esta compleja situación debe ser afrontaba de forma institucional por la UNP en articulación con las instituciones del orden nacional, regional y municipal que integran el Consejo de Seguridad del Departamento para no caer en los reiterativos silencios administrativos ante este hecho.
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Diferentes representantes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos solicitan que Erika Yáñez explique por qué, al parecer, tenía en su vivienda esa información.
“Los protegidos diligencian un formato acta de entrega de recomendaciones y autoprotección en el que resumen la situación, ponen datos personales y de sus seres queridos, además ahí se pone el nombre de quienes los amenazan, bien sea un grupo armado o un sujeto, incluso de cuando los protegidos deben desplazarse hasta otros municipios o departamentos informan a la UNP con 3 días de anterioridad. Es información realmente delicada que compromete vidas”, indicó Llanos.
Este medio ha intentado comunicarse en varias oportunidades con Yáñez, pero no ha habido respuesta y, al parecer, goza de su periodo de vacaciones.
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Explicaciones
Eliana Zafra, coordinadora del CPDH, dijo que a nivel nacional la UNP debe dar explicaciones, también el Ministerio del Interior “además, solucionar esta situación de la cual nos hemos manifestado, eso también afecta a la población de personas protegidas y en proceso de proteger en Norte de Santander”.
Taíz del Pilar Ortega Torres, secretaria de Gobierno de Norte de Santander, indicó que se sabe poco sobre el presunto hurto de la base de datos y espera que para el jueves haya una declaración respecto a esa situación.
La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) indicó que se están buscando a los delincuentes que ingresaron a la vivienda y en caso que algún protegido que esté en peligro se activará una ruta de atención interinstitucional para garantizar su seguridad.
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