Hoy se cumplen 32 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia por cuenta del M-19, el grupo guerrillero que en las horas de la mañana de ese 6 de noviembre de 1985 irrumpieron en el Palacio y mantuvieron como rehenes a más de 350 personas entre magistrados, servidores judiciales, empleados y visitantes.
El informe de ese entonces cuenta que durante esas 27 horas que duró la operación fallecieron 99 personas entre ellas 11 magistrados, y al menos 11 empleados de la cafetería del Palacio fueron dadas como desaparecidas.
Prueba de ello son Bernardo Beltrán Hernández y Héctor Jaime Beltrán Fuentes, dos de los meseros del Palacio quienes fueron hallados en las tumbas de exmagistrados auxiliares que también perecieron en la operación criminal del M-19.
Los restos de Héctor Jaime Beltrán Fuentes fueron devueltos a sus familiares en medio de una acto solemne el pasado 18 de septiembre, a punto de cumplirse los 32 años de la tragedia.
Sandra Beltrán hermana de Bernardo Beltrán recibió los restos de su familiar el pasado sábado cuatro de noviembre, la mujer indignada de la manera como le entregaron a su hermano aseguró que este acto no es más que un acato internacional.
Por estos hechos el Estado Colombiano fue condenado el 10 de diciembre de 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por graves violaciones de derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública.
Por su parte Jorge Hernán Díaz fiscal titular de la investigación aseguró que el Estado Colombiano en cumplimiento de dichas obligaciones “es mucho lo que hemos hecho (...) a la fecha hemos encontrado a cinco de los once desaparecidos en el Palacio”.
“Esto es cinco familias que por fin han podido tener certeza respecto a la muerte de sus seres queridos, y no solamente eso, las evidencias son importante material probatorio que empiezan a aclarar las diferentes historias entorno a lo sucedido en el Palacio de Justicia”, dijo el fiscal.
Para el fiscal delegado “mientras que no se cuente con la plena identificación de las 99 personas que fallecieron en la toma es muy difícil para la administración de justicia dirimir responsabilidades sobre estos hechos”.
