Los productores agropecuarios del estado Táchira y algunas otras entidades de vocación eminentemente ganadera, fueron sorprendidos recientemente con una decisión gubernamental que han denominado como la instauración de un cerco a la producción cárnica del occidente venezolano.
Luis Hernández Guanipa, presidente de la Asociación de Ganaderos del estado Táchira y vicepresidente de Fedenaga (Federación que agrupa a estos gremios), destacó que la norma prohíbe hacer guías de movilización desde el Zulia, Apure y Barinas hacia el estado Táchira, pero también desde Barinas hacia el resto del país.
“Necesitamos urgentemente que desmonte este cerco que se ha establecido a la producción cárnica nacional, porque estas resoluciones lo que traen es más desabastecimiento”, dijo Hernández al tiempo de acotar que “con controles no vamos a recuperar la producción, con una política de precios equivocada, tampoco se va a incentivar la producción, por lo que resulta urgente que se produzcan todas las concertaciones posibles para poder incrementar la producción nacional”.
Al presentar algunas cifras, el vicepresidente de Fedenaga precisó que la matanza nacional alcanza sólo el 34% de los requerimientos de consumo de los venezolanos.
“Sin importaciones, con una capacidad de matanza insuficiente y ahora con un cerco a la producción nacional, responder a la demanda de los consumidores de grandes capitales como caracas, Maracay, Valencia y el oriente del país, resulta sencillamente imposible”, dijo Guanipa para explicar el 95% de desabastecimiento cárnico que se evidencia en esas poblaciones venezolanas.
Neveras vacías
Pudiera pensarse que al retener la producción cárnica en la jurisdicción del estado Táchira y las entidades del occidente venezolano, no se presentarían allí problemas de escasez en el suministro del producto; sin embargo, las neveras de supermercados y carnicerías permanecen vacías.
Consultado sobre el particular, Hernández Guanipa explicó que existen para ello tres causas fundamentales: la primera la fuerte disminución de la producción a consecuencia del verano y la falta de alimentos concentrados; en segundo término, que el gobierno no está haciendo las importaciones complementarias, y la tercera causa apunta a lo que han señalado como una política de persecución por parte del gobierno a los establecimientos que venden a precios superiores a los establecidos.
“Se trata en muchos casos de una política confiscatoria, porque el valor de las multas supera el valor de los establecimientos multados, entonces los dueños prefieren no vender, hasta que los precios regulados les permitan operar sin pérdidas”
