Aunque el rechazo del gobierno de Colombia al cierre de la frontera sigue vigente, la intención de normalizar la situación de la frontera colombo-venezolana es la principal meta del gobierno nacional.

Al menos así lo manifestó la canciller María Ángela Holguín, quien en un recorrido hecho ayer por el Centro de Migración y los albergues para deportados, dijo que espera dar soluciones a las necesidades inmediatas de los connacionales, en la reunión que tendrá mañana con su homóloga, Delcy Rodríguez.

“Hemos solicitado a través de la cónsul, y lo solicitaremos nuevamente este miércoles, que se puedan rescatar los enseres y bienes de cada uno de los deportados”, manifestó. “Solo con el diálogo directo entre las autoridades se reclamarán los derechos de los colombianos”.

Una de las conclusiones de la funcionaria fue que no es cerrando la frontera como se lucha contra el contrabando. 

“Lo que se está generando es una situación compleja para todos los habitantes que viven en uno u otro lado”, indicó. 

Holguín afirmó que la cancillería está dando solución, caso por caso, a las peticiones de quienes llegan al Centro que, por el momento, son más de 750 personas.

La canciller expresó su satisfacción porque 146 niños que viven en Venezuela y estudian en el área metropolitana de Cúcuta pudieron asistir a sus escuelas, y dijo que confía en que esto continúe así.

Vale decir que de este número de niños, 56 pasaron por el puente internacional Simón Bolívar y 90 por el puente Unión de Puerto Santander. 

Algunas peticiones

Dijo además que quienes manifiestan su deseo de volver a sus lugares de origen, recibirán el apoyo de la Cancillería y aclaró que quienes aducen haber sido deportados, teniendo sus documentos al día, deben probarlo.

“Hemos pedido a quienes tienen papeles que nos los hagan llegar, y esto lo haremos saber al gobierno venezolano”, retieró. “Pedimos a las personas que vayan a la oficina de migración, ordenadamente, para hacer el registro, porque muchos dicen tener sus documentos, pero nadie los ha entregado”.

En relación con las denuncias por malos tratos y perjuicio por pérdida de bienes, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, declaró que se han recibido 60 denuncias en la entidad, las cuales serán documentadas y entregadas a Cancillería.

“Se actuará con prudencia y serenidad para un momento difícil como el que está viviendo la frontera”, refirió. “Vamos a privilegiar la vía del diálogo; solo así solucionaremos la situación”.

De otro lado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pidió que el gobierno colombiano espera que en el proceso legal de las deportaciones se cumpla con las normas internacionales y se respeten los derechos humanos de quienes deben retornar a Colombia.

‘Nada solucionamos con mercados’: Socha

Por su parte, el alcalde de Villa del Rosario, Carlos Socha, manifestó su inconformismo al no escuchar “soluciones contundentes para frenar esta y todas las crisis que vive nuestra frontera”.

“Hay que hacer un diálogo urgente y directo con el presidente Nicolás Maduro, y que se levante ya este estado de excepción”, pidió. “Esto no da espera y no se soluciona con mercados”.

Al respecto insistió en que es necesario declarar la emergencia social y económica en la zona, y que ahora es cuando el gobierno debe presentar propuestas definitivas y no temporales para la región.

Por su parte, el ministro Cristo, declaró que “aquí no hay fórmulas mágicas; hay que seguir trabajando con la gobernación, con la alcaldía, para tener mayor inversión pública”, porque esta situación es coyuntural.