Autoridades de Norte de Santander, líderes políticos, representantes de los gremios y del chavismo, entre otros, analizaron el presente de las relaciones entre los dos países, diferencias entre los presidentes Iván Duque (Colombia) y Nicolás Maduro (Venezuela) que tienen en jaque a una zona fronteriza que no se acostumbra a vivir separada.
A pesar de completar seis años sin pasos de vehículos, algunas temporadas de accesos peatonales y hoy con pasos humanitarios e ilegales -por las trochas-, el panorama muestra un futuro incierto tanto para lograr un intercambio comercial como para permitir que colombianos y venezolanos pasen los puentes a diario.
Aunque en estos seis años la crisis política en Venezuela se ha intensificado, en Cúcuta la dinámica comercial y económica ha disminuido, aspectos que junto a la actual pandemia de la COVID-19 han aumentado la necesidad de reabrir los pasos por los puentes internacionales Simón Bolívar (San Antonio), Francisco de Paula Santander (Ureña) y La Unidad (Tienditas).
Esto opinaron los diferentes líderes de la región, quienes coinciden que la denominada ‘frontera más dinámica de Suramérica’ no debe pagar el costo de diferencias políticas entre dos países bolivarianos.
Silvano Serrano, gobernador
Desafortunadamente estas decisiones terminan afectando de manera directa no solo a los municipios de frontera, sino a todo el Norte de Santander. La frontera Con Venezuela es una frontera dinámica permanente en lo económico, social y cultural. Después de seis años vemos como este cierre ha tenido un efecto netamente negativo, no solo en la actividad comercial y económica, sino también en la provisión de servicios y de bienes a la población de ambos lados. Es un tema en el cual debemos trabajar para avanzar en la apertura pronta, segura, biosegura de la frontera, la cual permita la reactivación de la economía”.
Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta
“La condición esencial, natural de la frontera entre Colombia y Venezuela es estar abierta. Las fronteras en pleno siglo XXI no pueden estar cerradas cuando los ciudadanos y comunidades lo que necesitan es compartir. Los problemas políticos entre las naciones tienen que estar atrás de las grandes aspiraciones de construcción colectiva de regiones. Ningún cucuteño está realmente convencido de que el cierre de frontera trae un ejercicio positivo para nuestro territorio, al contrario, son acumulados los indicadores negativos que, naturalmente, aspiramos a que puedan ser superados en el menor tiempo posible”.
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Andrés Cristo, senador de Colombia
“Cúcuta necesita tener control sobre el tema fronterizo y necesita que el presidente entienda que el hecho que Nicolás Maduro sea mal presidente no significa que la ciudad tenga que asumir las consecuencias. Ahí tiene que existir un paso comercial, una reglamentación de entrada y salida que hasta ahora se va a empezar a implementar, con una inversión suficiente en los tres puentes colombianos. No vamos a recuperar de un día para otro más de 30 años de descuido, por eso es que hasta ahora estamos acabando el Acueducto Metropolitano, o la doble calzada que une a los dos Santanderes”
Edward Varón, concejal de Cúcuta
“No hemos aprovechado la publicidad que miles de medios internacionales han hecho de Cúcuta en tiempos de crisis fronteriza y migratoria. Cientos de países hoy saben que existimos y eso deberíamos verlo como una oportunidad para proyectar a Cúcuta como una ciudad internacional. Pienso que se debe sí o sí darse una relación institucional entre los dos países dónde se refuercen métodos y estrategias para regular los pasos fronterizos legales y se debe trabajar en equipo para garantizar la seguridad. Las trochas son un problema que se debe tomar en serio y deben ser cerradas de una vez por todas”.
José Luis Duarte, presidente Asamblea
“El cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela nos ha incrementado los cordones de inseguridad, porque se puso de moda la ‘apertura de frontera’ por todos los caminos y partes ilegales (trochas), eso nos trajo violencia por el control de los distintos bandos ilegales que se organizaron. El cierre acabó todo el intercambio legal de exportaciones como hierro, la industria de la arcilla, los alfareros. El gobierno nos ha olvidado en un 90%, pero el cucuteño y nortesantandereano ha tenido el tesón y la garra para sacar la región adelante”.
Carlos Luna, cabeza Comité Intergremial
“Todo esto ha sido una infamia por parte de los gobiernos de Colombia y Venezuela, al estigmatizar el enfrentamiento político y diplomático y volver a la ciudad y la región un cuadrilátero entre los dos gobiernos. Esto lo que ha hecho es afectar la dinámica económica, social y cultural que teníamos antes de este cierre. Lo más grave son las megabandas que son financiadas por las personas que día a día son obligadas a pagar para pasar por los pasos ilegales. Yo lo que espero es que antes de que termine el gobierno del presidente Duque se logre restablecer las relaciones entre los dos países”.
Freddy Bernal, protector del Táchira
“Yo le digo al gobernador de Norte de Santander, al señor Silvano (Serrano), usted y yo somos hombres de frontera, Norte de Santander necesita de la ración humana y comercial con Táchira, nosotros necesitamos de ustedes. Yo tengo la potestad del gobierno de Nicolás Maduro para sentarnos a conversar en la mitad del puente, así esté lloviendo o bajo el sol. Si nos reunimos, y si avanzamos en los mecanismos de bioseguridad, la frontera se abriría en un mes”, manifestó el denominado ‘Defensor del Táchira’ en declaraciones entregadas a Cívica TV.
Donamaris Ramírez, exalcalde de Cúcuta
“Tal vez el punto positivo que hemos tenido en estos seis años es que un sector de la población ha aprendido a vivir autónomamente y ha soportado sus negocios y actividades hacia otros frentes, incluso hacia el interior del país. Necesitamos aperturar la frontera, necesitamos que esos puentes vuelvan y se abran para que allí pase el comercio. Cúcuta y Norte de Santander deberían estar viviendo una de sus grandes épocas porque estaríamos abasteciendo a Venezuela, pero ha faltado voluntad política, principalmente desde el interior del país”.
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El país se abrió a los migrantes venezolanos
Regularización
Meses después del cierre, el Gobierno Nacional emitió una serie de documentos de tránsito y permisos temporales de permanencia para los migrantes venezolanos con el objetivo de regularizarlos.
El 13 de agosto de 2016 nació la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) con la que la población pendular venezolana solo podía movilizarse en el eje fronterizo para hacer compras de primera necesidad, buscar atenciones médicas y otros servicios básicos.
Sin embargo, la demanda de la TMF y el aumento de la población venezolana en el país motivó al Estado, a través de la Cancillería y Migración Colombia, a crear el Permiso Especial de Permanencia (PEP) para llevar un control de la situación migratoria de aquellos ciudadanos que, antes del 28 de julio de 2017, ingresaron de manera regular. Dicho permiso tendría una vigencia de dos años.
Seguidamente, en 2018, se realiza el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) el cual buscaba una caracterización sociodemográfica de la población venezolana en el país y ese mismo año inicia la tercera versión del PEP para los migrantes inscritos en el RAMV.
También abrieron una versión del PEP para exmilitares venezolanos y en enero de 2020 habilitaron el permiso laboral llamado PEPFF. Actualmente está en curso el proceso para la obtención del Permiso por Protección Temporal del Estatuto, el cual busca regularizar a más de 2.000.000 de venezolanos.
Éxodo masivo
A pesar del cierre de la frontera, en agosto de 2015, la situación de los venezolanos sigue siendo dramática. Cientos de ellos continúan huyendo del vecino país, entre 700 y 900 personas diarias, según un reciente informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Este evento detonó una de las peores crisis migratorias. Más de 2.200 colombianos fueron deportados de Venezuela y 18.000 retornaron voluntariamente en vista de los sucesos posteriores al desalojo forzado. También, más de 314.000 venezolanos decidieron irse de Colombia.
Desde hace seis años, el éxodo de venezolanos ha sido progresivo. En 2015 habían 31.471 venezolanos en suelo colombiano; luego en 2016 aumentó a 53.747. En 2017 subió acelaradamente a 403.702 ciudadanos extranjeros. En 2018 ya habían 1.174.743; en 2019 subió a 1.771.237; en 2020 (año de la pandemia) descendió a 1.729.537 y hasta enero de 2021, se incrementó a 1.742.927.
La OEA precisó cinco motivos principales de esta huida masiva: una “emergencia humanitaria compleja”, “violación sistemática a los derechos humanos”, “inseguridad”, “colapso de los servicios básicos” y “alto costo de vida”.
Política migratoria
Ante la difícil situación del vecino país y la migración masiva de venezolanos, el Estado inició la construción de una norma que buscara cobijar a los migrantes extranjeros dentro del territorio nacional.
Siempre existieron reglamentos en cuanto a temas migratorios, pero enfocados en aspectos muy puntuales, de manera que, se pensó en una ley general y comprensiva sobre política migratoria.
En 2018, el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo radicó ante la secretaría del Senado un proyecto de ley para establecer una política migratoria colombiana.
La Política Integral Migratoria surgió para responder al complicado contexto migratorio, que incluye estrategias para atender, apoyar y acompañar a los migrantes extranjeros en Colombia.
Con la aprobación de dicha política por parte de la presidencia de la República se garantizan unos lineamientos, derechos y obligaciones para los extranjeros en tránsito y con vocación de permanencia en nuestro país, aseguró la Cancillería en un comunicado.
La ley contempla, además, disposiciones para la integración social y económica, ordenada y legal, de los extranjeros que buscan establecerse en el país. También adopta medidas preventivas y respuestas en situaciones de riesgo como el tráfico de migrantes, la trata de personas y el refugio para aquellos en donde su situación represente un peligro para su vida por amenazas de cualquier índole.
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