El fallo de la Audiencia Nacional española conocido este lunes 18 de mayo, que ordenó devolver más de 55 millones de euros a la cantante colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll tras anular las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2011, marcó el cierre de uno de los tres procesos tributarios que enfrentaron a la artista con la Agencia Tributaria española durante casi ocho años.

Ese recorrido incluyó una querella penal por presunto fraude de 14,5 millones de euros, un acuerdo de conformidad firmado en noviembre de 2023 para evitar la cárcel y una regularización posterior de 6,6 millones de euros correspondiente al ejercicio 2018.

El primer frente se abrió a finales de 2018, cuando la Fiscalía de Barcelona presentó una querella contra la cantante por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014. El Ministerio Público sostuvo que la artista había permanecido en España más de 183 días en cada uno de esos años —242 en 2012, 212 en 2013 y 243 en 2014, según los registros aportados por la Agencia Tributaria— y que, en consecuencia, debía tributar como residente fiscal en el país.

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La defensa mantuvo durante todo el proceso que en ese periodo la residencia de la artista estaba en Bahamas y que sus desplazamientos a Barcelona obedecían a la relación que sostenía con el entonces futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué. La Agencia Tributaria reconstruyó los movimientos de la cantante a partir de registros de tarjetas de crédito —279 comercios en Barcelona y un gasto acumulado de 418.046 euros entre 2011 y 2014—, facturas de peluquería, recibos de gimnasio y testimonios de personas de su entorno cercano.

En septiembre de 2022 se abrió juicio oral. La Fiscalía pidió ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23,8 millones de euros. Tras intentos fallidos de pacto, el 20 de noviembre de 2023 Shakira aceptó una conformidad ante la Audiencia de Barcelona, admitió un fraude de 14,5 millones de euros que ya había abonado y aceptó una pena de tres años de prisión sustituida por el pago de 432.000 euros, además de una multa adicional de 7,3 millones de euros. En la carta que difundió ese día, la cantante explicó que tomó la decisión para no seguir hipotecando su tranquilidad ni la de sus hijos y para poder retomar su carrera musical.

Mientras avanzaba el procedimiento por los ejercicios 2012-2014, en julio de 2023 se abrió un nuevo expediente. La Fiscalía investigó a la cantante por presunto fraude en el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2018, por un monto inicial estimado en 5,3 millones de euros al fisco estatal y otros 773.000 euros a la Agencia Tributaria de Cataluña. Este caso se resolvió en 2024 con el pago de una regularización por 6,6 millones de euros.

A diferencia de los anteriores, el proceso por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2011 se tramitó por la vía contencioso-administrativa y no penal. La Audiencia Nacional anuló la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) del 22 de julio de 2021 y ordenó la devolución de las cantidades ingresadas más los intereses legales, con imposición de costas a la Administración.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso concluyó que la Agencia Tributaria no acreditó que la cantante permaneciera en España más de 183 días en 2011, requisito establecido por el artículo 9.1 de la Ley 35/2006 para determinar la residencia fiscal a efectos del IRPF. El tribunal fijó la estancia de la artista en territorio español ese año en 163 días y descartó que tuviera en España el núcleo de sus intereses económicos o sus relaciones familiares.

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La sentencia indica que el entramado empresarial atribuido a la cantante y el desarrollo mayoritario de su actividad económica se ubicaban fuera del territorio nacional, extremo que, según el texto, quedó acreditado en el expediente administrativo.

La gira de 2011 y las cantidades en disputa

El proceso correspondiente al ejercicio 2011 estuvo vinculado a los rendimientos de la gira mundial Sale el Sol World Tour, en la que la cantante ofreció 120 conciertos en 37 países. La agencia de representación de la artista, Artist Publicist, informó que la Agencia Tributaria mantuvo retenidos durante años 60 millones de euros correspondientes al capital de trabajo de esa gira y a los gastos asociados a la misma, mientras que la cuantía finalmente objeto del litigio resuelto este lunes asciende, según la propia Audiencia Nacional, a más de 55 millones de euros.

La cifra reembolsable incluye más de 24 millones por concepto del impuesto sobre la renta y cerca de 25 millones por la multa que en su momento la Administración impuso por infracción calificada como "muy grave", además del Impuesto sobre el Patrimonio y los intereses correspondientes.

Tras conocerse el fallo, la artista difundió un pronunciamiento en el que afirmó: "Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario". La cantante señaló además que durante casi una década fue "tratada como culpable" y que su nombre y figura pública fueron utilizados, según el texto, "para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes". Pidió que el fallo siente "un precedente para Hacienda" y dedicó la decisión a los contribuyentes anónimos que, según expresó, son víctimas de un sistema que presume su culpabilidad.

José Luis Prada, socio director de la firma Prada Tax Advisors, que asumió la defensa de la cantante durante todo el proceso, sostuvo que la resolución llegó "tras un calvario de ocho años" y atribuyó la duración del litigio a "una práctica administrativa poco rigurosa". El abogado añadió que muchos contribuyentes anónimos carecen de los recursos para llegar hasta el final de un procedimiento de esta naturaleza y consideró que el fallo confirma "el rigor e independencia" de los tribunales españoles.

La sentencia admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo dentro de los 30 días siguientes a su notificación. Si la Administración no recurre o si el Supremo no la revoca, la devolución de los más de 55 millones de euros, junto con los intereses compensatorios, deberá hacerse efectiva en favor de la cantante. Shakira tiene previsto regresar a los escenarios españoles en septiembre y octubre de 2026 con seis fechas en Madrid, su primera presentación en el país desde 2018.

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