Este domingo 9 de marzo se abrirán las urnas en todo el país para elegir senadores, representantes a la Cámara y dirimir las consultas interpartidistas, en medio de una creciente preocupación por la seguridad. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 60 municipios están en riesgo inmediato y otros 168 requieren intervención urgente.

La zozobra no es gratuita: en las últimas horas se registraron al menos cuatro acciones violentas contra campañas políticas. Los vehículos de Gerardo Luis Ruiz, María Bolívar y Mauricio Matri, candidatos a la Cámara, fueron atacados, y una persona vinculada a la campaña de Manuel Pérez fue asesinada.

Ante esa preocupación, el coronel José Luis Bastidas, jefe del Departamento Conjunto de Operaciones Militares y gerente del Plan Democracia, habló en exclusiva con Colprensa y fue categórico: la Fuerza Pública tiene el despliegue, la inteligencia y la voluntad para garantizar unas elecciones libres y en paz, y no piensa creer ni una palabra de los anuncios de tregua del ELN ni del comunicado del Clan del Golfo prometiendo no interferir en los comicios.

¿Están garantizadas las elecciones en Colombia? Hay una profunda preocupación por la situación de seguridad que se vive hoy en varias regiones del país

Colombia nunca ha sido ajena a situaciones complejas de orden público en diferentes regiones. En el tema de elecciones siempre hay algo, digamos, normal en nuestro país. Obviamente, para este año tenemos áreas priorizadas que todo el mundo conoce: situaciones de confrontaciones entre grupos armados organizados en el Cauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, el Chocó y el Guaviare.

Sin embargo, contamos con un despliegue de más de 126.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y una cantidad equivalente de la Policía Nacional. Este es un planeamiento de más de un año, coordinado con la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien es, al final, la entidad que define y amplía los puestos de votación de acuerdo con el crecimiento del censo electoral. Nuestra misión es garantizar las condiciones de seguridad para que los 41 millones de colombianos habilitados puedan ejercer libremente su derecho al voto en las condiciones de seguridad optimas para que no haya ningún tipo de inconveniente.

¿Qué tipo de riesgos han identificado de acuerdo con la información de inteligencia recopilada?

Los principales delitos electorales son constreñimiento, compra de votos y trashumancia. Para este año se habilitó la línea 157, un centro de atención telefónica en el que cualquier ciudadano puede denunciar si es testigo o tiene información sobre un posible delito electoral. Es una línea disponible las 24 horas, que protege la identidad del denunciante y redirige de manera inmediata la denuncia a la unidad de Policía o de Fuerzas Militares correspondiente para que se actúe de manera oportuna.

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¿Todos los grupos armados están implicados en esos delitos?

No podríamos decirlo con seguridad, pero si analizamos el riesgo, donde hay injerencia de grupos como el ELN en el Catatumbo o las estructuras del Estado Mayor Central en el Cauca, evaluamos el nivel de amenaza con inteligencia conjunta de las diferentes agencias del Estado, con el fin de prevenir y, en lo posible, judicializar a quienes estén presuntamente involucrados en la comisión de delitos electorales.

El Cauca tiene 19 municipios en riesgo extremo. Lo más grave: 14 de esos no estaban en ese nivel hace cuatro años. ¿Qué garantía real hay de que allí la gente puede votar sin miedo?

La garantía real está en el dispositivo desplegado en el territorio. La Tercera División, la regional de Policía y la Fuerza Naval del Pacífico garantizan el cubrimiento del 100% de los puestos de votación; en cada uno de ellos habrá un soldado, un policía o un infante de marina.

El Cauca tiene un esquema reforzado, con énfasis en los corredores estratégicos y las áreas rurales donde se concentra la amenaza. La estrategia se articula en cuatro ejes fundamentales: primero, la focalización en municipios críticos como El Tambo, López de Micay, Argelia, El Bordo, Patía y Timbiquí, donde se ejecuta la operación de estabilidad más grande de los últimos años para proteger los puestos de votación rurales. Segundo, el Apéndice 'Juan José Rondón', que integra inteligencia especializada y capacidades tácticas para anticipar nuevas modalidades de amenaza, como el uso ofensivo de drones, la contaminación con minas y el constreñimiento a la población civil. Tercero, la coordinación permanente con la Registraduría Nacional, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para un monitoreo constante en tiempo real. Y cuarto, el esfuerzo sostenido por debilitar las estructuras del Estado Mayor Central, facción Mordisco, incluyendo la Dagoberto Ramos y la Carlos Patiño, impactando directamente sus economías ilícitas y sus cadenas de mando.

• El Catatumbo tiene 100.000 desplazados y el ELN todavía controla gran parte de ese territorio. ¿Cómo se va a garantizar el proceso electoral en esa zona? 

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El desarrollo del proceso electoral en esa zona se sustenta en la Acción Unificada del Estado y en un despliegue operacional sin precedentes bajo el Plan Democracia. Las Fuerzas Militares cuentan con 11.000 efectivos del Ejército Nacional dedicados a la estabilización del territorio, al fortalecimiento de la inteligencia y al despliegue de capacidades tácticas para anticipar y neutralizar el constreñimiento a la población civil, así como el uso de tecnologías no convencionales como drones y minas antipersonales. Nuestras tropas mantienen operaciones ofensivas sostenidas; la más reciente fue la realizada el pasado 4 de febrero en la vereda La Angalia, en Tibú, con el objetivo de debilitar decisivamente las capacidades criminales del ELN y consolidar el control militar para permitir el retorno de las comunidades desplazadas. El objetivo final es transformar los resultados operacionales en estabilidad territorial: que la victoria militar sea la puerta de entrada para una presencia integral y sostenida del Estado en el Catatumbo.

Con el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras enfrentados en el Magdalena, ¿cómo está diseñado el operativo de seguridad para esa región?

Las Fuerzas Militares cubren de manera prioritaria los puestos de votación rurales y los corregimientos más apartados. En el Magdalena, la articulación entre el Ejército Nacional y la Fuerza Naval del Caribe es clave para controlar tanto los corredores viales como las rutas fluviales y marítimas que utilizan estas estructuras para el narcotráfico, que es su centro de gravedad. La Acción Unificada permite una respuesta rápida ante cualquier intento de constreñimiento. El esfuerzo principal se concentra en debilitar de manera estructural al Clan del Golfo, impactando toda su cadena de producción y distribución ilícita. Sus cabecillas, como alias Chiquito Malo, permanecen como objetivos de alto valor, entendiendo que su neutralización es clave para desarticular la amenaza en la región.

El ELN declaró un cese al fuego unilateral del 7 al 10 de marzo. ¿Las Fuerzas Militares lo consideran una garantía real o una maniobra de imagen?

Ningún colombiano puede tener confianza en un grupo de bandidos. Eso no puede ser confiable para nadie, y mucho menos para nosotros. No vamos a creer en la voluntad de un grupo de terroristas que lo que ha buscado siempre es desestabilizar el país.

El Clan del Golfo también publicó un comunicado diciendo que no interferirá en las elecciones. ¿Tienen evidencia de que sus estructuras en terreno están recibiendo esa orden?

La Fuerza Pública jamás va a confiar en la voluntad de un grupo de bandidos que lo que ha hecho es ir en contra de la población civil y dedicarse a toda clase de actividades ilícitas. Ese mensaje nunca ha sido confiable para nosotros por parte de ningún grupo armado organizado en este país. Digan lo que digan, vamos a seguir desplegados y combatiendo ese día para evitar cualquier atentado contra el proceso democrático. Eso es claro.

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