Falta menos de un mes para que se celebren las elecciones presidenciales y los ocho candidatos en contienda no han sido constantes en el reporte de sus ingresos y gastos de campaña, un requisito que deben cumplir obligatoriamente en el aplicativo Cuentas Claras, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
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La advertencia la hizo la organización Transparencia por Colombia que junto con la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas, viene haciendo un seguimiento al origen y destinación de los recursos de las diferentes contiendas electorales que se han desarrollado en 2022.
Y es que luego de analizar los datos reportados por los aspirantes presidenciales, con corte al 4 de mayo, lograron evidenciar que pese a los ingresos recibidos para apalancar los diferentes proyectos electorales, las campañas no están contándoles a los colombianos, en tiempo real, en qué se están gastando esos recursos.
Según la información recopilada hasta el momento, en Cuentas Claras se registra un total de ingresos por parte de los ocho candidatos presidenciales de $16.585.278.500, pero tan solo se han justificado o sustentado gastos por el orden de los $9.267.895.511, esto es, 56%.
De mayor a menor, el candidato que ha reportado más gastos es Gustavo Petro, por valor de $6.123.734.899, le sigue Rodolfo Hernández con un reporte de $1.490.647.284, Sergio Fajardo con $798.502.006, John Milton Rodríguez reportó $378.504.480, Federico Gutiérrez $362.124.372, Ingrid Betancourt reportó $81.288.636, Luis Pérez $19.711.044 y finalmente Enrique Gómez $13.382.790.
Esas cifras no concuerdan con la relación de ingresos recibidos por los aspirantes para financiar las campañas que se vienen desarrollando desde hace ya varios meses. En el caso de Petro, por ejemplo, son más los gastos que los ingresos recibidos hasta ahora, razón por la cual no se entiende de dónde provienen los dineros faltantes. Fajardo, por su parte, aparece gastando apenas el 12% de lo que ha recibido para la campaña, a falta de solo tres semanas para la contienda.
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“A la luz de estos datos pareciera que los candidatos no están reportando en tiempo real los ingresos y gastos en los que están incurriendo en campaña, aspecto que va en contravía con la normativa vigente para la rendición de cuentas, así como con sus discursos de transparencia y lucha contra la corrupción planteados en el desarrollo de las campañas”, señala el informe de Transparencia.
En este se agrega que, contar con la información detallada sobre el financiamiento de las campañas en tiempo real es fundamental para prevenir riesgos de corrupción, construir un escenario de confianza en el proceso electoral y permitir a la ciudadanía tomar decisiones informadas sobre las candidaturas, además de tener claro desde ya los posibles conflictos de interés en que pueda, a futuro, incurrir quien sea elegido como presidente.
Financiación privada y no estatal
Otro de los aspectos sobre los cuales llamó la atención la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas, es que si bien las elecciones presidenciales tienen un esquema de financiamiento que, según la ley, debería ser preponderantemente estatal, lo que se está dando es una financiación en su mayoría privada, proveniente de créditos del sector financiero.
Los datos analizados en el informe de Transparencia señalan que hasta el 4 de mayo, del total de ingresos reportado por los ocho aspirantes presidenciales, $10.178 millones corresponden a créditos con entidades financieras, $4.000 a rendimientos de inversiones, $1.639 a donaciones hechas por particulares, mientras que los anticipos estatales están en cero.
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“La mayor fuente de ingresos en estas campañas presidenciales son los créditos con entidades financieras. Sin embargo, solamente Gustavo Petro y Sergio Fajardo han reportado recursos de este tipo. De hecho, para el caso de Gustavo Petro, un crédito con la entidad financiera Confiar Cooperativa Financiera, es su única fuente de financiación. Mientras que Sergio Fajardo registra además de los ingresos provenientes de un crédito con Bancolombia, recursos propios por un valor de $300 millones y donaciones de particulares que ascienden a los $825 millones”, dice el informe.
Allí señalan, igualmente, que a excepción de Petro, Fajardo y Rodolfo Hernández, los otros cinco aspirantes tienen como principales fuentes de ingresos los recursos propios o de familiares y las donaciones de particulares. Los registros en Cuentas Claras de Fico Gutiérrez indican que el financiamiento de su campaña se ha dado, exclusivamente, con contribuciones de particulares.
“A diferencia de las anteriores elecciones presidenciales (2018 y 2014) en las que los anticipos cumplieron un papel relevante en la financiación de las campañas, en esta contienda electoral los candidatos han preferido utilizar recursos de origen privado para desarrollar sus campañas”, dice el informe.
Propaganda electoral, en lo que más gastan
Con relación a los gastos, los informes que analizó Transparencia por Colombia indican que a tres semanas de las elecciones presidenciales, la propaganda electoral concentra el 86,5% del total de gastos reportados por las diferentes campañas.
Según las cifras suministradas a la fecha, los candidatos han gastado un total de $8.018 millones para promocionar sus proyectos políticos, siendo Gustavo Petro ($5.905.075.637) y Rodolfo Hernández ($1.092.742.887) los que más han reportado gastos de este tipo.
Federico Gutiérrez, a quien se le ha visto un gran despliegue de publicidad en la mayoría de ciudades y hasta le han ordenado bajar vallas por exceder los límites permitidos, tan solo ha reportado $274’497.639 en propaganda.
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“Llama la atención que a pesar de que la campaña presidencial lleva más de tres meses de desarrollo y que la propaganda electoral es el rubro al que se le ha destinado mayor cantidad de recursos, los candidatos Enrique Gómez y Luis Pérez aún no reportan ni un solo gasto de publicidad electoral”, dice Transparencia.
Para esta organización, es fundamental que se aclare por parte de las autoridades electorales cuáles son las sanciones a las que se podrían enfrentar los candidatos y partidos políticos que no cumplan con la obligación del registro periódico de los ingresos y gastos de campaña, para que el asunto no quede como un incumplimiento más.
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