Colombia, desafortunadamente, incluyendo a Norte de Santander, no escapa de los hechos violentos y, por el contrario, ingresa cada cierto tiempo en los escenarios de utilización de nuevos elementos que escalan el conflicto armado.

El último de estos casos se refiere a los drones armados con explosivos que ahora son utilizados por los violentos para atacar a los miembros de la Fuerza Pública y también en las acciones de hostigamiento contra la población civil.

Por eso hay que destacar que ya el país entra a ser uno de los primeros en América Latina de contar con una unidad militar especializada, al activar el Ejército el batallón de aeronaves no tripuladas.

Era esencial hacerlo porque organizaciones como el Eln y la disidencia de las Farc transformaron la estrategia para ejecutar  sus incursiones utilizando dichos equipos para hacer espionaje, seguimiento y luego lanzar ataques sorpresas con explosivos por aire contra patrullas militares o de la Policía o para intimidar a la población.

La necesidad de contar con una fuerza especializada, puesto que desde cuando ocurrió la primera incursión con drones-explosivos, en abril del año pasado, han sucedido en Colombia más de 344 hechos de esa naturaleza.

Recordemos que el Catatumbo se encuentra entre  los territorios marcados por esa nueva modalidad del accionar criminal, junto con el sur de Bolívar, Meta, Caquetá, Nariño, Tolima y Huila.

El uso de esta clase de armamento no convencional, que puede considerarse semejante a las minas antipesonal, por ejemplo,  es  también una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario.

Todo lo que se haga para enfrentar esta amenaza es urgente desarrollarlo, e incluso, para el caso específico de Norte de Santander, el Ministerio de Defensa debería asignar un grupo móvil especializado en esa materia con los antidrones y mecanismos tecnológicos y tácticos necesarios, tanto por la volátil situación de orden público en el Catatumbo, como para la vigilancia en el frontera.

Y capítulo aparte merece el hecho de que se haya tomado la determinación oficial de  aplicar regulaciones a la comercialización  de drones y ofrecer recompensas.

El propósito, por ejemplo, es permitir una mayor vigilancia sobre los dispositivos que llegan desde el exterior, especialmente los que son adquiridos por internet y para lo cual no hay ninguna clase de control.

Como en su momento lo expuso La Opinión en un trabajo periodístico sobre los ataques con drones en el Catatumbo, uno de los vacíos que existen es que por redes sociales desde hace mucho tiempo se pueden adquirir esos equipos o sus partes  para luego acondicionarlos, sin que medie obstáculo alguno.

Tienen que ser absolutamente estricto el Gobierno para que después no se convierta esto en un mercado clandestino que favorecido por la corrupción favorezca que se mantengan las puertas abiertas para que los violentos tengan acceso a ellos.

Hay suficientes razones de seguridad, de protección a la vida y de evitar sorpresivos atentados terroristas desde el aires, para que se conozca exactamente el tipo de dron que llegue, sus características técnicas y su destino.

Eso hay que hacerlo porque al estar siendo usados estos equipos como elementos de guerra dentro de la degradación de los grupos armados al margen de la ley, el Estado tiene la obligación de actuar en consecuencia para proteger a los ciudadanos y al territorio.