Otra vez, la pesadilla. La peor violencia criminal, aquella en la que la gente moría porque sí o porque no, ha regresado a Tibú, y todo dice que para quedarse, si no se actúa ya y a fondo.

De nuevo, como hace unos 15 años, los caños están comenzando a llenarse de sangre de personas a las que matan por diferentes. Y, lo peor de esa situación de crimen campante, es que todos saben —y no saben— quiénes son los matones.

Hasta los militares y policías reconocen que Tibú se devolvió en la historia. “Volvimos a los explosivos artesanales, al plan pistola, que es una modalidad de sicariato, y al francotiro”, admitió el comandante de la Región 5 de Policía, general Jaime Vega, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland.

Pero, realmente no se trata solo de Tibú, sino de la zona de influencia del río Catatumbo, plagada, además, de cultivos ilícitos, de intensa actividad militar de numerosos grupos ilegales, de explotaciones mineras sin control, de incendios provocados y de toda acción ilegal posible.

Y, ante este retorno a la noche oscura de la violencia criminal desatada, el Estado no aparece. No lo hace de la manera como debe ser, con toda su fuerza y con toda la determinación que se requiere. Y actuar así es igual a no actuar.

La realidad social allí es aún más complicada en la medida en que influyen otros factores. El cultivo intensivo de palma aceitera, por ejemplo, ha causado el secamiento de las fuentes hídricas, lo que ha impedido el desarrollo de pequeños proyectos agrícolas de pan coger.

Las quejas no son nuevas. Desde hace largas semanas, diferentes líderes sociales han denunciado la aparición de pasquines amenazantes, de asesinatos selectivos, de presiones persistentes sobre algunas personas, de extorsiones y de cobros de vacunas, de complicidades evidentes, de zozobra.

Pero tampoco es nueva la falta de respuesta del Estado. La historia enseña que, en aquellos tiempos, el caos y el miedo eran similares a los de ahora, como lo eran los gritos de advertencia y la inacción oficial, y también enseña que todo eso se dio justo antes de la gran tragedia de La Gabarra, por ejemplo…

Y, esta vez, de nuevo en ese corregimiento viven situaciones similares a las de entonces. No hay que olvidar que allí desapareció Henry Pérez, considerado el más importante líder social de la zona y uno de los más comprometidos con los programas gubernamentales de reparación colectiva. Es el motor del proceso.

Quizás pequeñas acciones del gobierno contribuyan al mejoramiento de la situación. Se podría comenzar, por ejemplo, con una investigación profunda y sin distingos, del origen de las amenazas a los líderes populares y a los drogadictos y a los indigentes, y de las extorsiones que minan todas las economías de la región.

E investigar los asesinatos, todos, hasta las últimas consecuencias, hasta encontrar la respuesta que busca y necesita la sociedad. La impunidad debe ser erradicada de Tibú y de todos los pueblos del norte del departamento, donde se hizo costumbre atribuir todo a manos negras y mafias y organizaciones que, tal vez, no sean las reales responsables de todo.

Hay gentes interesadas, precisamente, en que nadie intervenga, para que en ese ambiente de soledad todos sean presas más fáciles de cazar. Pescar en río revuelto, se dice, a eso de aprovechar situaciones confusas.

De cómo se actúe en esa zona y de qué tan efectivos sean los programas de posguerra depende, claro que sí, el éxito de todo el proceso de paz con las dos principales organizaciones guerrilleras. Si Tibú y Catatumbo fracasan, todo fracasará.