El fragor de la violencia tiene a los habitantes de Norte de Santander con miedo, zozobra, y un sentimiento de abandono estatal.
Otra vez los niños que van a la escuela para aprender a leer, escribir y a comenzar su formación académica, han vuelto a quedar en medio de peligrosos escenarios del conflicto armado.

En los últimos tres meses en el  departamento se registraron dos emboscadas por parte de grupos armados contra la Fuerza Pública, muy cerca de instituciones educativas en las zonas rurales de El Carmen y El Zulia, con saldo trágico de cuatro uniformados asesinados y varios heridos.
Debe tenerse en cuenta que esta cruda violencia por doquier tiene una periodicidad de episodios muy cercanos en el tiempo, que se interpreta como un mensaje de los violentos de que no son débiles y que mantienen su desafío al Estado.

Ni siquiera se había acabado de reponer la región del ataque con explosivos en El Zulia, que les arrebató la vida a dos miembros de la Policía, cuando a los pocos días ocurre un hecho similar contra una patrulla del Ejército en Tibú.

Norte de Santander está padeciendo los embates de unas organizaciones armadas que se han hecho más fuertes militar y territorialmente hablando, a quienes no les importa violar el Derecho Internacional Humanitario y utilizan sus métodos de guerra para demostrar su poderío en su intento de someter a la población.
Esta turbulencia del conflicto que agobia a la región es una ratificación de los informes de inteligencia de las Fuerzas Militares que advirtieron que gracias a los ceses del fuego los grupos armados organizados a finales de 2023 y principios de 2024 habían incrementado su control territorial en 324.736 kilómetros cuadrados, ocupando en total 29 departamentos, un 4% más que en 2022.

Y no olvidemos las incursiones de los  francotiradores de la guerrilla que en San Calixto asesinaron al comandante de la estación y que en Convención le quitaron la vida a un soldado, mientras que en La Parada la Policía fue atacada con fusiles en una acción que requirió el apoyo del Ejército para repeler al grupo armado en esa parte de la frontera.

Así como está el departamento el reflejo sobre el área metropolitana es igualmente dramático con por lo menos 216 homicidios en lo que va corrido del año y una presencia de guerrilla, disidencia y las bandas criminales transnacionales que la volvieron territorio de guerra y que, lamentablemente, es muy posible que ese maremágnum de todas las formas de violencia nos lleve a permanecer en la lista de las más peligrosas del mundo.

Con este cuadro violento de por medio, surge ese sentimiento cucuteño y nortesantandereano de sentirse abandonados por el Estado pese a lo dicho por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, de estar preocupado por la situación de violencia en Cúcuta “y porque-según él-tenemos el compromiso de sacarla adelante en materia de seguridad”.

Es que hay muchas dudas e inquietudes, porque nadie entiende cómo el ministro Velásquez viene a decirle a una  región donde los sicarios usan fusiles y armas con silenciador y los grupos armados utilizan bombas para matar y poderosas armas de largo alcance, “que cosas tan simples como instalar luz pública en una esquina disminuye los inseguridad en ese lugar”.

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