El 9 de abril, además de recordarnos el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948,  se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, que en esta oportunidad llegó con el aliciente de haberse cumplido el acuerdo de paz al consolidarse la representación en el Congreso de la República.

El Catatumbo y otras 15 regiones del país en que las víctimas y comunidades han resultado severamente  golpeadas por la violencia, tienen ahora congresistas elegidos a la Cámara de Representantes.

Al pasar revista a algunos datos  para tener una percepción de lo que nos ha dejado esta guerra incesante entre colombianos, nos encontramos con que de 430.000 víctimas fatales, por lo menos 251.000 serían campesinos.

Esas cifras, que hacen parte de un informe elaborado por siete organizaciones campesinas, con el apoyo del Instituto de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana y el centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, que fue entregado a la Comisión de la Verdad, indican la radiografía depredadora de los factores armados del conflicto sobre la población.

En el campo colombiano, la violencia desatada en sus diversas formas por la guerrilla, los paramilitares, las bandas criminales, las disidencias y los narcotraficantes, implantaron y lo han seguido haciendo prácticas que violan los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Entre ellas se encuentra el llamado control del territorio, que no solo correspondió a imponer ‘autoridad’ sino que a cientos de  mujeres en la zona rural, tanto ayer como ahora, las han sometido a aberraciones como la esclavitud sexual y doméstica, hecho que no debe de dejarse pasar por alto.

El otro dato que no debemos pasar por alto es que en el país hay, según las estadísticas oficiales, 9.2 millones de víctimas quienes están reconocidas dentro de la Ley 1448 por “haber sufrido un daño por hechos ocurridos a partir de 1985 (...) con ocasión del conflicto armado interno”.

Y dentro de ese inmenso número de colombianos que han tenido que padecer graves situaciones derivadas de ese problema que  se niega a desaparecer, el Ministerio de Defensa reveló que 403.352 son miembros de la fuerza pública.

‘Aporte a la verdad: contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica’, es el documento que las Fuerzas Militares y la Policía llevaron ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Y ahí Norte de Santander aparece mencionado en el capítulo de los secuestros, que de acuerdo con el reporte de 750 páginas, en el país ocurrieron 39.058 casos de esa naturaleza en el periodo comprendido entre 1970 y 2010, de los cuales 1.643 correspondió a militares y policías hechos cautivos.

Resulta que el departamento, junto con Antioquia, Caquetá, Putumayo y Guaviare, fue en donde se concentró la mayoría de secuestros de uniformados en hechos atribuidos a la antigua guerrilla de las Farc y al Eln.

Lo concluyente es que este monstruo de la guerra que debe de ser apaciguado y enjaulado, ha generado un dolor inenarrable cuya lacerante huella cubrió a Colombia en sus cuatro puntos cardinales, dejando como enseñanza que es urgente contener la nueva arremetida violenta que se  padece en la actualidad.

En este escenario, ojalá estas palabras de una de las afectadas por el conflicto sirva para recapacitar: “la paz no es del resorte exclusivo de las víctimas, la paz es responsabilidad de todos, es un bien preciado que no podemos dejar escapar”.