Parece que las espectaculares voladuras de oleoductos por grupos ilegales pasaron a la historia. Ahora, lo popular —no es tan novedoso— parece ser robar combustible mediante válvulas ilegales en el tubo que lo transporta desde el pozo al puerto de salida, como en el caso del Oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Y no es que los atentados hayan desaparecido; simplemente, su frecuencia ha disminuido drásticamente: entre enero y marzo hubo 4 acciones dinamiteras contra el tubo, como le llaman popularmente al oleoducto, mientras en el mismo lapso del año pasado hubo 10.

Y la razón es clara, según Ecopetrol: robar el combustible les permite a los responsables utilizarlo, al contrario de lo que ocurría con las voladuras, en las que miles de barriles se quemaban o se regaban hasta caer a ríos y quebradas.

Aunque, en el caso de los robos, el daño al medioambiente es el mismo, ya que quienes roban el petróleo solo aprovechan 38 por ciento, que manipulan en refinerías clandestinas. El resto va a caer a las corrientes de agua y a las zonas de cultivo.

Hay, sin embargo, información adicional muy preocupante, y tiene que ver con Norte de Santander, pues son lugares como Teorama, Convención, El Tarra, El Carmen y Convención, donde han sido descubiertas más válvulas y refinerías ilegales que en cualquier otra zona del país.

Según cifras confiables, en 15 meses, es decir, entre enero de 2015 y este mes, en las poblaciones citadas han sido descubiertas unas 300 válvulas ilícitas —realmente, son perforaciones al tubo en las que instalan una manguera que lleva el crudo hasta pequeñas refinerías ilegales instaladas en bosques— por las que han robado más de 310 mil barriles de petróleo, de los cuales, al menos 200 mil han ido a contaminar la naturaleza circundante.

Solo en este año ya han sido halladas 30 conexiones ilegales, a través de las cuales Ecopetrol ha perdido 104 mil barriles de petróleo.

El impacto económico del robo de crudo del oleoducto no se limita solo al precio de lo robado, que suman unos 31 mil millones de pesos, sino que se debe agregar otra millonada: 26 mil millones que cuesta reparar la tubería y limpiar las áreas afectadas por el derrame de crudo.

Pero estos costos no incluyen el valor del detrimento medioambiental, con decenas de especies animales y vegetales puestas en peligro en cada una de las zonas afectadas; tampoco, el grave daño causado a los ríos, que se multiplica en la medida en que la contaminación desciende por las corrientes de agua, en este caso hacia Venezuela, destino final de los ríos Catatumbo, Tibú y El Tarra, y las quebradas
El Loro, El Carmen, La Medrosa, La Pérdida y Caño Victoria Sur, que en varios casos surten acueductos de la zona de Catatumbo.

La superficie contaminada con los derrames solo en estos municipios de Norte de Santander es considerable, tanto como el daño a la capa vegetal, a los cultivos y a los bosques aledaños a los sitios donde están instaladas las válvulas.

El petróleo robado es refinado de manera artesanal, para producir gasolina con destino a los laboratorios de maceración de hojas de coca, y para mover los vehículos y las lanchas de los grupos ilegales, además de las plantas eléctricas que permiten que los laboratorios funcionen.

Solo el año pasado, las fuerzas de seguridad del Estado destruyeron 41 de estas refinerías, cuyos derivados también son destinados a la contaminación del medioambiente. Con 30 válvulas ilegales y 7 refinerías clandestinas, el resultado de luchar contra el robo de combustible es desalentador, en especial por el desperdicio. Pero, sin duda, peor sería no hacer nada.