Las Fuerzas Militares se encuentran en este momento atravesando complicaciones, primero por el nuevo atentado atribuido al Eln contra una base militar en Arauca, y por los problemas para garantizar el mantenimiento que en caso de no resolverse afectarían el uso de los helicópteros MI17.

Primero hay que repudiar las acciones terroristas por parte de ese grupo armado ilegal que en Norte de Santander es uno de los responsables de la guerra desatada en el Catatumbo y que en tierras araucanas tiene un control inocultable.

Pero en segundo lugar surge un hecho que a la Fuerza Pública le puede acarrear inconvenientes para el desarrollo normal de sus operaciones defensivas y ofensivas por vía aérea, contra los grupos violentos. 

Estaríamos ante una inminente inmovilización parcial de los helicópteros MI17, la limitación de la movilidad aérea y el transporte de tropas, al igual que dificultades para el abastecimiento logístico y serias complicaciones para la respuesta frente a amenazas a la seguridad nacional.

Ese nuevo hecho obedece a lo expuesto por la Contraloría General de la República sobre la posible pérdida de trece millones de dólares por un contrato de 16 millones de dólares para la adquisición de bienes, mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI17. 

Alguien tiene que responder porque al parecer ese dinero girado a manera de anticipo a la firma contratista por una operación que hasta el momento apenas tiene un avance del ocho por ciento, cuando apenas  falta un mes para que se termine, como lo ha venido advirtiendo el ó de control fiscal.

Qué responde el Gobierno nacional al hecho de que pese a no acreditar experiencia técnica ni capacidad financiera por parte del contratista, se le otorgó aval jurídico, contraviniéndose  el principio de selección objetiva.

Es muy grave lo dicho por la Contraloría  sobre la débil actuación gubernamental para procurar de evitar el desastre. Resulta que la División de aviación Asalto Aéreo del Ejercito Nacional, a través del supervisor del contrato, advirtió en reiteradas ocasiones los incumplimientos del contratista y conminó a este a dar cumplimiento al clausulado contractual. 

“No obstante, pese a los oficios de advertencia de fechas 21 de febrero, 30 de junio y 23 de agosto de 2025, el Ministerio de Defensa solo adoptó la decisión de iniciar el debido proceso del incumplimiento contractual hasta el 3 de septiembre de 2025, lo que refleja una reacción tardía frente a los riesgos contractuales advertidos oportunamente”, es lo planteado por el informe fiscal.

Con un conflicto armado cuyo fragor se escucha en numerosas regiones colombianas donde operan el Eln, la disidencia de las Farc,  bandas criminales como el Clan del Golfo y numerosas organizaciones del crimen transnacional, sufrir un error táctico de esta naturaleza empeora el panorama.

Para la seguridad nacional es de enorme gravedad que esta clase de contratos para equipos como dichos helicópteros se entregue a manos inexpertas y como si fuera poco, los recursos públicos se dilapiden, porque en esta caso  se trata de  una compañía extranjera sin bienes en Colombia que permitan aplicar medidas cautelares de embargo o recuperación de esos dineros.

¿Qué dirá el presidente Gustavo Petro de este hecho relacionado con el mantenimiento de la flotilla de MI17 del Ejército Nacional? ¿Quién responde? ¿Cómo se enfrentará esta falla que golpea la capacidad de respuesta oportuna frente a amenazas contra la seguridad del país?

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