La lógica de la violencia ha vuelto famosas en Colombia las alertas tempranas que expide la Defensoría del Pueblo para exponer los riesgos que el recrudecimiento el conflicto armado genera.

Recordemos aquella que emitió el 15 de noviembre de 2024 -pero que nadie atendió- en donde advertía sobre la confrontación en el Catatumbo entre el Eln, la disidencia de las Farc y Los Pelusos, que finalmente estalló a mediados de enero de 2025  y mantiene sumida a la subregión en el fragor de las hostilidades.

Un amargo sabor produce el hecho de que pese a sonar las alarmas el Estado o no llega o lo hace muy tarde, cuando el mal ya está avanzado y sus huellas dejan la marca indeleble en la población.  

Ahora vuelve a activarse el sonido de las alertas, hecho que sirve para razonar sobre cuál será la respuesta gubernamental o si de nuevo habrá oídos sordos o determinaciones tardías. 

Resulta que dentro de la lógica de la violencia en que se encuentran inmersos el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, hoy figuran dentro de la alerta temprana activada por la Defensoría del Pueblo relacionada con las garantías para  el desarrollo de las elecciones.

Hay que ponerle atención a la observación de la entidad sobre que el fragor violento en la región catatumbera afecta las garantías democráticas con miras a los comicios de 2025 y 2026, “dado que los grupos armados buscan controlar los territorios y condicionar  la participación política en zonas rurales estratégicas”. 

¿Será que aprendida la lección en esta ocasión sí habrá una actuación contundente del Estado para conjurar cualquier clase de amenaza y constreñimiento al libre derecho de elegir y ser elegidos?

Por lo que se nota en el ambiente, hay una gran división de consideraciones, conceptos y opiniones entre el Gobierno nacional y la Defensoría del Pueblo, lo cual hace que la incertidumbre persista.

Es notable en este asunto el choque de cifras sobre el riesgo electoral en Colombia por factores violentos que pueden llegar a incidir negativamente. El Ministerio del Interior reporta 104 municipios con riesgo electoral, pero la Defensoría del Pueblo señala que 224 demandan algún tipo de acción inmediata o urgente.

¿Qué efectos irá a generar esa disparidad de criterios?, es la pregunta de los ciudadanos.
La democracia hay que defenderla y uno de sus mecanismos, como es del voto libre, sin presiones de los violentos ni coacción de otra índole, hay que garantizarlo para no fracturar ni debilitar gravemente la institucionalidad.

También el libre y seguro desplazamiento de los candidatos para atender las reuniones de campaña hay que  ofrecerles las garantías de seguridad puesto que no debe haber territorios a donde se les impida llegar por parte de grupos ilegales.

El plan democracia tiene que contemplar las medidas necesarias para todos los colombianos en las diferentes justas electorales programadas, disponiendo los equipos y unidades militares y policivas para el desarrollo de las operaciones de vigilancia y control por parte de la Fuerza Pública.

La mitigación y disuasión del riesgo al igual que la prevención y la protección es donde tienen que enfocarse las acciones estatales para hacerle frente a las acechanzas que hoy afectan al debate electoral en su conjunto.

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