El Congreso de la República sigue en el “ojo del huracán” a pesar de que sus miembros, directivos y defensores argumentan que su imagen está cambiando y que las actuaciones, decisiones y aprobaciones van encaminadas a crear una mejor Colombia en la que todos quepan sin distingos de credo, raza, política o posición económica y social.

Sin embargo ese Congreso ejemplar o de gran altura moral sigue siendo una quimera. Lo comprueban los últimos acontecimientos que sacan a relucir desde actos de corrupción, desidia en el manejo de los asuntos del Legislativo, hasta amenazas homofóbicas, todos ellos actos reprochables y que no corresponden a la naturaleza de un poder público tan importante.

Lo sucedido con el carro en el que el hijo de una funcionaria del Congreso llevaba una millonaria suma de dinero, cuyo origen y propósito se desconocen, dejó al descubierto que los automóviles que estuvieron al servicio de los padres de la patria y que después pasaron a subasta, no cumplieron los trámites correspondientes para que dejaran de pertenecer al Senado o a la Cámara y quedaran matriculados a nombre de los particulares que los adquirieron.

El mismo presidente del Senado habla de “sorpresas” en torno a quienes son los dueños de varios de los automotores, más de 80, cuyos traspasos todavía no ha hecho la empresa que los vendió en hace ya cuatro años.

Ahí tienen la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, un nuevo caso sobre el que ahondar, mientras que, seguramente, al electorado y a los partidos políticos los asaltarán dudas como las siguientes: ¿Son lo que están en el Congreso de la República merecedores de haber llegado allí? ¿Es indispensable una Reforma Política, contundente y severa, para enderezar el  rumbo? ¿Será que lo ocurrido es una de las consecuencias de que muchos alcanzaron curules mediante la compra de conciencia al electorado, que por un billete de $50.000 y un almuerzo, una hayaca o un desayuno vendieron su voto?

Las anteriores son preguntas recurrentes que surgen cuando salta la liebre con cada nuevo escándalo protagonizado por los honorables congresistas colombianos. En el caso particular de los carros para los congresistas pudiera ser esta la ocasión para pensar en tres o cuatro alternativas que conjuren situaciones como la expuesta. Una, y que nunca se va a dar, que se les quite ese beneficio a los senadores y representantes. Que el Congreso de la República deje de ser ‘un concesionario’ y contrate esa función con particulares y que los carros no se compren directamente sino que se aplique o la figura del leasing o que se alquilen a firmas especializadas. Lo cierto es que de cada situación escandalosa hay que tomar ejemplo y ponerle correctivos.

Como si no fuera suficiente, un funcionario de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes le puso el ‘toque final’ a esta serie de situaciones que dejan muy mal parada la imagen del Capitolio. EL implicado es un joven universitario que amenazó a dos hermanos por su orientación sexual, lo cual desencadenó en una acción por parte de la Fiscalía.

Como se dijo antes, repensar el Congreso es otra vez necesario, porque la gente no entiende cómo un senador deba estar defendiéndose por parapolítica, o porque si tenía o no tenía una multimillonaria suma de dinero en su apartamento, o demostrar que no ha metido las manos en el presupuesto,   o que no se ha enriquecido a costas del erario. Ellos deberían estar preocupados por hacer las leyes que merecen los colombianos, con la mira siempre puesta en la honradez, el bien común y la patria antes que los intereses particulares o de grupo. Lo triste, es que esto último siempre pasa a ser una utopía más en Macondo.