El secuestro y la extorsión aparecen en este momento como los delitos que más afectan a los habitantes de Norte de Santander, con muchas sorpresas en cuanto a las víctimas y victimarios.

Primero, porque ya no son solamente personas de altos recursos económicos las que se objeto de plagio por parte de las organizaciones criminales en la región, sino que ahora la mira la enfocan contra cualquier persona.

Y, segundo, que debe de considerarse de máxima gravedad por todo lo que  implica, y es que en la comisión de algunos plagios se ha puesto al descubierto la participación de miembros de la Policía Nacional.

Lo sucedido recientemente en la vía a La Playa de Belén, en donde ocurrió el secuestro de un panadero que posteriormente fue rescatado en un operativo que como sorpresa dejó a dos uniformados detenidos por estar vinculados con este caso, según las autoridades.

El último hecho deja mucho que desear y requiere que se hagan los ajustes y controles necesarios para corregir esas situaciones que terminan por ocasionar más incertidumbre y a elevar los niveles de percepción de inseguridad ciudadana.

Las instituciones directamente relacionadas con la seguridad y el control del orden público requieren estar integradas por  lo más selectos, íntegros y capacitados hombres y mujeres para el desarrollo de las actividades operativas y de inteligencia c0ntra la criminalidad.

La ocurrencia de esa clase de situaciones deben convertirse en un llamado de alerta  para proteger a dichos organismos y evitar el deterioro de su imagen ante la comunidad y la pérdida de la confianza ciudadana -que es lo peor que puede llegar a pasar- puesto que al producirse esa desconexión  los favorecidos resultan siendo precisamente los factores generadores de violencia en el país y en la región.

Pero sin duda, la situación del departamento en hechos como el del secuestro indica un panorama muy difícil, máxime si se tiene presente que habría un alto subregistro por efecto de que muchas de las víctimas de este delito no lo denuncian.

Las estadísticas oficiales hablan de unos sesenta casos ocurridos en Norte de Santander, en lo corrido del presente año.

Sin duda alguna, un elemento determinante para una mayor ocurrencia de las retenciones forzadas de personas con motivos económicos, es la crisis de orden público en el Catatumbo por la guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc, que ya completó nueve meses.

Norte de Santander ha visto reflejado, de una u otra manera, esa negativa influencia del accionar de estas organizaciones armadas ilegales que sumadas a las bandas del multicrimen transnacional, pues lógicamente conforman un caldo de cultivo que degrada cada vez más la seguridad.

Entre enero y julio de 2025 se registraron 249 casos de secuestro en Colombia, un incremento del 55 % respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Defensa, hecho que  confirma la lógica regional de un incremento de este inhumano método delincuencial.

Y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha hecho un recuento de las modalidades utilizadas que van desde los que tienen motivaciones políticas, extorsivos, de control territorial para llegar a los denominados secuestros exprés, los de venganza y también de trata de personas.

Al Gobierno nacional hay que hacerle un llamado de atención para que le ponga atención a lo que en ese aspecto ocurre en Norte de Santander, Arauca, Nariño, Cauca y Valle, que concentran mayores índices de violencia, con graves consecuencias para los pobladores.

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