En Sudamérica la propia integración geográfica ha dibujado zonas en las que el narcotráfico y el mercado ilegal de armas son el pan de cada día, generando altos indicadores de inseguridad.
Está la triple frontera donde confluyen Brasil, Argentina y Paraguay, que en el panorama global es un neurálgico punto del negocio de las drogas ilícitas, el contrabando de mercancías, la venta ilegal de armas y el tráfico de personas.
Pero, igualmente, ahora en ese concierto de la criminalidad trifronteriza figura Colombia junto con Brasil y Venezuela.
Esta revelación es una muestra de cómo el abandono estatal de los territorios limítrofes los transforma en tierra fértil para que las multinacionales del crimen se aposenten en ellos como está ocurriendo.
Entonces pasa que mientras los gobiernos no actúan, las bandas se globalizan, construyen redes internacionales hasta conformar, por ejemplo, lo que se denomina la “triada del crimen latinoamericano” en zonas brasileñas, colombianas y venezolanas.
Y si a ello le sumamos los ya sobrediagnosticados sucesos que golpean la frontera colombo-venezolana, lo mismo que aquella compartida con Brasil y Perú, la primera conclusión es que todos los gobiernos están de espaldas a sus fronteras. No les interesa. Solo las usan para sus discursos y posiciones de populismo patriótico, pero en la práctica es poco lo que hacen, por contener la ‘invasión del multicrimen’.
Estamos hablando de millones de habitantes en dichas áreas dejados al garete por la institucionalidad estatal, en las que los ilegales ejercen el control.
Ahí se da la dicotomía de un Estado débil frente a unas guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y organizaciones delincuenciales de toda índole que muestran su poderío para el manejo de las economías ilegales.
Para las gentes de frontera colombianas, venezolanas, peruanas, argentinas y brasileñas surge la inquietud de por qué organizaciones como la OEA, por ejemplo, no convoca a una conferencia internacional de emergencia para tratar esa grave situación de inseguridad y socioeconómica de esas zonas.
Pero también de manera bilateral y trilateral, los ministerios de Defensa y las Fuerzas Armadas están en la obligación de trazar planes y estrategias para recuperar el control, devolver la seguridad, perseguir y desmontar los imperios de esas mafias globales.
Bogotá, Lima, Brasilia, Buenos Aires, Caracas y Asunción es necesario que se unan en esa cruzada para el rescate de las fronteras de las manos del crimen organizado, en una gran operación con metas de corto, mediano y largo plazo, blindada contra la corrupción y las ideologías, y con componentes de recuperación socioeconómica, programas de infraestructura y modelos de desarrollo bilaterales o trilaterales.
Pero también debe darse una histórica alianza de las administraciones de justicia de esos países para llevar al banquillo y castigar con ejemplares penas de prisión y extinción de dominio a los miembros de la multinacional del crimen fronterizo.
Las fronteras son los territorios donde nacen los países y, por lo tanto, deben tener una sólida presencia estatal que ejerza control, autoridad y lleve progreso a sus habitantes.
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