La violencia nos sigue conduciendo a la repetición de hechos que pensábamos hacían parte del pasado, como es la aplicación de los toques de queda que reaparecen para advertirnos del exacerbado ambiente guerrerista.

Es que en menos de quince días dos municipios de Norte de Santander tuvieron que acudir a esa medida excepcional para proteger la vida y recuperar la seguridad y la convivencia.

El recuerdo más fresco lo tenemos por lo sucedido a lo largo de la pandemia del coronavirus, temporada en que esa restricción fue aplicada en numerosas oportunidades para salvar la salud de las personas.

Pero en Norte de Santander,  también en tiempos de las graves, sangrientas y destructivas alteraciones del orden público provocadas por las tomas y ataques de las guerrillas y paramilitares, los toques de queda se aplicaban con regularidad como una restricción para proteger a la población.

Eso es lo que debieron hacer las alcaldías de Labateca y El Carmen, porque de nuevo nos encontramos ante una arremetida de los grupos violentos que hostigan a la población civil y atacan a la Fuerza Pública, sin respetar el Derecho Internacional Humanitario.

El tener que acudirse a una norma de esa naturaleza nos viene a demostrar que la 'pandemia del inacabable conflicto armado' sigue un patrón de crecimiento y de fortalecimiento armado y de combatientes por parte de estructuras como el Eln y la disidencia de las Farc.

Políticamente se trata de otro fuerte revés que impacta tanto a la 'Paz Total' como a aquél pregón gubernamental de Colombia potencia mundial de la vida.

Lo anterior porque precisamente la paz ha recibido muchas incursiones armadas en su contra y la vida queda tendida en campos y ciudades en medio de masacres y operaciones indiscriminadas de claros visos terroristas contra la población civil.

En lo corrido del año, teniendo en cuenta los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz (Indepaz), el país registra 55 asesinatos colectivos con un total de 236 personas que perdieron la vida.

Norte de Santander es la mejor prueba de que la violencia y la inseguridad práctica están inmanejables con una larga guerra en el Catatumbo, la urbanización del conflicto armado en Cúcuta y otros municipios metropolitanos, mientras la extorsión, el secuestro y los desplazamientos otra vez atacan a la población.

Por lo tanto, ¿cuándo se logrará que el derecho a la vida esté a salvo y que no haya necesidad de buscar refugio en otras latitudes, pagar vacunas o vivir con el credo en la boca para que un cilindro cargado de explosivos lanzado por los violentos no caiga y explote encima de la casa o del bus de transporte de pasajeros?

Pero además, ¿cuándo llegará el momento en que dejen de ser normales los toques de queda o los estados de excepción para poder disfrutar de la vida sin temores?

Ojalá sea pronto lograr esas metas que no deben ser utopías ni quimeras, porque lo que debe llegar a su punto final es este larguísimo y doloroso episodio de conflictividad que desgarra y desangra a Colombia.

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