Usuarios de los servicios de busetas en Cúcuta y los municipios metropolitanos tuvieron que empezar a pagar desde ayer nuevas tarifas en el pasaje, al igual que empezó a regir un incremento en la tarifa mínima de los taxis.
Un par de consideraciones esenciales no deben dejarse pasar por alto en este momento, frente al reajuste un servicio esencial como es el que garantiza la movilidad de los ciudadanos.
Fue elevado en otros $200 el costo de ir en bus o buseta, que en la práctica este año ya son $400, para quedar en $2.400, pero la calidad no se ha mejorado.
El parque automotor que lleva y trae pasajeros por estas calles cucuteñas, patienses y rosarienses, por ejemplo, es obsoleto, como lo podemos notar sin hacer el menor esfuerzo.
Parte de esos vehículos arrojan grandes cantidades de gases contaminantes, otras registran un pésimo estado de la cojinería, no cuentan con la adecuada ventilación pues muchas parecen más para prestar el servicio en tierra fría y no en esta zona de altas temperaturas, aparte de también adolecer de problemas mecánicos.
Por eso, mientras que la gente paga con esfuerzo cada vez un incómodo servicio más caro, se pregunta: ¿el transporte masivo inclusivo y amigable con la ciudad cuándo se hará realidad para que valga realmente la pena pagar por una mejor forma de movilizarnos?
Ya estamos a 18 meses de culminar este mandato en la ciudad y por lo menos debería quedar instalada e ‘inaugurada’ la primera piedra de este anhelado plan que siempre regresa a la mente cuando el pasaje sube.
Y el otro aspecto que las autoridades de Tránsito Municipal deben de controlar es lo relativo a la nueva tarifa mínima con el fin de que no se vuelva una ‘mínima de $6.000 porque no hay los $500’ o que el precio de las carreras en taxis se desborden sin justificación alguna, puesto que los usuarios también deben ser protegidos.
En ambos casos lo importante por el momento es que se cumplan en los aspectos de cobertura y calidad y de no abusar con los pasajeros, que acuden a este tipo de transporte formal.
Y también que se controle la peligrosa ‘guerra del centavo’ por la disputa de pasajeros al igual que el sobrecupo, porque se supone que si hubo un estudio de costos, esos $200 que subieron, cubren para que las personas vayan cómodas y no en una caja de sardinas.
En materia de impacto inflacionario es indudable que esta determinación moverá con fuerza la aguja de la medición del costo de vida, teniendo en cuenta que el servicio de transporte urbano es un factor que pesa en la canasta familiar.
Eso de que no son sino doscientos pesitos no es tan cierto, porque al sumar y multiplicar en un hogar las veces que se hace uso de la buseta para ir a trabajar, al estudio o a cualquier diligencia por parte de los miembros de las familias, el presupuesto mensual siempre resulta afectado por esas variaciones.
Deberían las administraciones municipales y las empresas transportadoras tener presente la propia situación social y económica que atraviesa la ciudad, para buscar una salida distinta -por el momento- a este traslado de parte de los costos al usuario.
Hay fórmulas y no necesariamente mágicas, sino económicas y financieras que pueden llegar a permitir una congelación de las tarifas por un tiempo o la posibilidad de un subsidio temporal u otra clase de acción, que tenga en consideración la parte social de la población que es atendida.
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