La vida de una niña fue arrancada violentamente en el escenario sangriento que se apoderó de todos los rincones del área metropolitana de Cúcuta, que en la última semana fue sacudida por tres masacres. 

Hay que nombrar a Danna Sofía  para que su muerte no quede impune y de esa forma los criminales que le cortaron todo  un futuro con sus balas asesinas, sean capturados y llevados al banquillo para que la justicia les aplique el Código Penal.

A toda la ciudad le debe doler este insuceso porque no puede ser que los violentos se ensañen contra nuestros menores de edad, en una degradación de la inseguridad al no respetar ni siquiera el derecho de los niños, quienes son la generación de relevo.

Y en este funesto hecho nos encontramos frente a una paradoja, puesto que su ocurrencia prácticamente coincide con la celebración, hoy, del Día del Niño en Colombia,   establecida por la Ley 724 de 2021, como un espacio para la sensibilización de la sociedad sobre su responsabilidad en la garantía de los derechos para los menores de edad. 

El triste desenlace con Danna Sofía hace parte de la barbarie en que la vida no vale nada y la sangre es vilmente derramada por los factores que han desestabilizado la seguridad  en la capital departamental y los municipios vecinos.

¡Masacre en El Zulia! 

¡Masacre en Buena Esperanza! 

¡Masacre en el barrio El Talento, en Cúcuta! 

Que tres asesinatos masivos sucedan en una semana, dos de ellos  con diferencia de 24 horas, dispara la percepción de inseguridad y deja la sensación al ciudadano de que todo se encuentra fuera de control.

¿Es que la guerra del Catatumbo se desbordó y empezó a urbanizar el conflicto armado en los municipios metropolitanos? ¿Somos ahora territorio en disputa de los grupos armados ilegales?
Dichas inquietudes ciudadanas, que desde hace meses han venido gravitando y generando preocupación entre la comunidad, merece una respuesta oficial, pero más que ello, una acción efectiva por parte del Estado colombiano en todos los órdenes con el fin de buscarle solución.

Recientemente, un reporte de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) indica que diez zonas críticas en el país, entre ellas el Catatumbo “reflejan la expansión y la consolidación de formas de gobernanza criminal por parte de grupos armados”.

Y ahí trae un elemento adicional sobre la frontera, no solamente con Venezuela, sino también la de Ecuador, al señalar que “en estas regiones se evidencia la dimensión transnacional del crimen organizado y las debilidades de la estrategia de seguridad en áreas limítrofes”.

¿Cuál es el camino a seguir?

¿Para qué han servido los reforzamientos militares? 

¿Qué plan se aplicará para que en el área metropolitana se detenga la actual ola violenta que muy difícilmente le permitirá salir de la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo?

Lo que está sucediendo deja ver la multiplicidad de hechos acumulados que provocan el incremento de delitos como el homicidio, el microtráfico, el secuestro, la extorsión, el hurto, el lavado de activos y el narcotráfico. La muy noble leal y valerosa Cúcuta no se merece este luctuoso panorama.

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