Muchas medidas son efectivas porque se aplican en el momento oportuno, cuando debe ser, no después, cuando el problema que se pretende enfrentar con ellas se hace casi imposible de solucionar.

En Colombia, es muy usual este tipo de prácticas, en especial cuando es el Gobierno el encargado de solucionar problemas a nombre del Estado. Las razones para la tardanza tienen que ver, de ordinario, con conveniencias políticas del tipo partidista: los gobernantes no quieren ver mermada su cauda electoral.

Desde luego, lo importante es solucionar los problemas. Solo que siempre es más efectivo y barato hacerlos cuando recién surgen.

Estos días, dos graves problemas de Cúcuta merecieron la atención oficial, y si como anunciaron los responsables, las sanciones son lo drásticas que deben ser, es probable que entren en vías de solución.

Que las medidas hayan sido anunciadas el mismo día, es además de una coincidencia, un motivo de optimismo y una oportunidad para marcar como hito en la historia local.

Por un lado, y para demostrar que la guerra contra el contrabando es en serio, el director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), general Gustavo Moreno, anunció que se aplicará el proceso de extinción de dominio sobre casas y lotes de personas sorprendidas ejerciendo el comercio ilegal con combustibles de contrabando.

Por otro lado, por fin el procurador regional, Juan Carlos Bautista, anunció que actuará y denunciará ante la Justicia a los gerentes regionales y nacionales de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) que se nieguen a prestar servicios de salud ordenados por los jueces mediante tutelas.

Los pimpineros y sus promotores ya saben lo que ocurrirá si la Policía los descubre comerciando con gasolina de contrabando: les quitarán la casa donde está el negocio, y lo mismo sucederá con las viviendas en alquiler destinadas a la misma actividad.

Ojalá la misma determinación de Moreno y la Policía Fiscal y Aduanera se extendiera a otro tipo de actividades relacionadas con el con trabando: tiendas de toda clase, incluso restaurantes, que venden productos claramente ilegales. Pero, ¿por qué la decisión hasta ahora? El pimpineo es una actividad que lleva largos años causándole problemas al Estado por la evasión fiscal…

En cuanto a las EPS, igualmente, la medida es bien recibida, pues se embolsan millonadas mensuales, y a sus afiliados les niegan el servicio, incluso mandatos judiciales de por medio, y algunos pacientes mueren esperando que les cumplan, en un carrusel infame de promesas, incumplimientos y muerte.

Por eso, además del optimismo, hay un sentimiento contradictorio de escepticismo. Ya se hizo el anuncio, pero ¿será que en serio que el procurador promoverá justicia para los afiliados de las EPS? Y ¿hasta dónde y hasta cuándo actuará? 

Lo importante para los pacientes y usuarios del sistema de salud es que las determinaciones anunciadas por el Ministerio Público, en Norte de Santander, se apliquen y sirvan de tratamiento efectivo para procurar el mejoramiento del servicio.

Pero, ojalá sea todo cierto. No importa que sea hasta ahora. Total, ya estamos acostumbrados a lo que aquél boyacense maldito y poeta predicaba, en Colombia “todo nos llega tarde… ¡hasta la muerte!”.