Hace algunas semanas, alguien interesado en la preservación de los derechos humanos hizo una pregunta incómoda, que no logró ni motivar al gobierno nacional a actuar ni evitar lo que posteriormente se vino y tiene a los colombianos en vilo.

¿Cuántos muertos son necesarios para que el Gobierno comience a actuar en defensa de los líderes agrarios y activistas de la recuperación de tierras?

Solo ahora se conoció la reacción del Gobierno, cuando la lista de víctimas se estaba haciendo larga demasiado rápido. Sin embargo, al problema y la solución los enfocó el presidente Santos desde una óptica diferente de la realmente adecuada.

“No vamos a permitir que los violentos pongan en riesgo los avances y las esperanzas de paz”, dijo Santos al terminar una sesión con la Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos, en torno de los crímenes más recientes de líderes campesinos en Nariño, Cauca, Caquetá, Meta y Norte de Santander.

Si el presidente hubiera salido en defensa de la vida antes que de su proyecto pacificador, la prioridad se hubiera centrado donde debe estar: la vida por encima de toda otra circunstancia, como los acuerdos de paz con las Farc, que de todas maneras son de interés general.

Se hubiera evitado así el sacrificio de por lo menos 12 campesinos de Cauca, asesinados por desconocidos en los que la gente cree ver sistemas y métodos de los organismos paramilitares.

Una parte del problema consiste en que lo que está sucediendo parece calco de lo que pasó cuando el partido Unión Patriótica (UP) fue disuelto a punta de tiros, luego de insistentes llamados al gobierno para que evitara lo que podría ser, en poco tiempo, un interminable rosario de masacres, como en realidad lo fue.

Otra parte tiene que ver con la falta de control de las organizaciones ilegales que andan a la caza de líderes populares, en especial agrarios y de restitución de la propiedad usurpada por agentes de guerra. Es notoria, la presencia de fuerzas del paramilitarismo en zonas donde han ocurrido los crímenes más recientes.

En Norte de Santander, por ejemplo, una disputa del control fronterizo entre el Eln y grupos de ultraderecha deja ya varios muertos en el área metropolitana de Cúcuta, mientras en el Catatumbo, asesinatos selectivos de líderes comunales y populares siembran la zozobra.

Por ahora, el presidente Santos asistirá a la reunión con los gobernadores de los departamentos afectados, donde se espera que se hable con franqueza, a fin de que no quede la sensación de otras veces, de que algunas cifras son manipuladas, para no dar la sensación de que ciertos gobernadores no hacen lo que deben hacer.

Desde luego, la puesta en marcha de algunos mecanismos acordados con las Farc incide en la situación de inseguridad de los líderes rurales, pero no por eso se puede depender exclusivamente de ellos para garantizarles la seguridad requerida.

Cuando Santos dice que tales hechos “son evidencia palpable, dramática, de los riesgos, de la incertidumbre, frente a la implementación del acuerdo de paz”, está parcialmente en lo cierto. Lo real es que el país está en ascuas por muchas razones, no necesariamente relacionadas con los acuerdos con las Farc.