Para el gobernador William Villamizar, el servicio de salud está en una grave emergencia. Así lo dijo el viernes 10, cuando anunció que en horas firmaría todos los documentos necesarios para declarar oficialmente la crisis.
Una dramática radiografía del sistema, hecha por el Instituto Departamental de Salud y la Secretaría de Salud Municipal de Cúcuta obligaron a Villamizar, dijo, a decretar la emergencia y a enfrentarla con medidas de urgencia.
Pero pasaron las horas, los días, más de una semana, y todo sigue solamente en la palabrería que se acostumbra desde algunas dependencias públicas donde al ciudadano lo consideran un tonto al que es fácil engañar.
Así, según la Gobernación, la salud del departamento está en emergencia, pero no lo está, o no en serio. Pero, la verdad es que la salud en el departamento no solamente debería estar en emergencia sino en situación de calamidad pública, y no de ahora, sino desde hace largos meses, años, tal vez.
Porque las razones argumentadas por el mandatario están ahí, inmodificable paquete de males necrosantes que están convirtiendo el servicio en un cadáver para el que podría no haber resurrección posible. La enorme deuda de las EPS es cada día más pesada para las IPS, a las que solo les quedan dos caminos: negar el servicio o cerrar; las quejas de los usuarios crecen como espuma, mientras se incrementa también la cifra de personas que se mueren esperando una consulta especialista o una remisión; la capacidad de la red es increíblemente insuficiente con la cantidad de usuarios afiliados; la carencia de procedimientos diagnósticos de alta tecnología corre parejas con la falta de recurso humano en las subespecialidades médicas y en el servicio farmacéutico, unido esto a las dificultades de las IPS para prestar un eficiente servicio intrahospitalario.
Otra razón argumentada por Villamizar para hablar de la emergencia es la del hospital Erasmo Meoz, obligado por razones éticas y humanitarias a atender a venezolanos que sufren enfermedades complicadas y no hallan ayuda en su país, sin que el hospital reciba pagos.
En consecuencia, vale preguntar qué clase de emergencia es la que concibe el gobernador, que puede esperar días, semanas, quizás, hasta que venga de Bogotá el superintendente de Salud para posar juntos para los medios de comunicación.
Porque cuando se habla de emergencia se habla de inmediatez, de acciones que no dan espera, de soluciones ya, de no plazos, de dejar lo que se esté haciendo para enfrentar la situación de urgencia.
Declarar oficialmente la emergencia implica medidas y acciones especiales, venga o no el superintendente, haya o no acto solemne especial, estén o no allí los fotógrafos y los reporteros. O no es emergencia.
Si no lo es, quizás el gobernador deba aplicarles el freno a sus declaraciones a la prensa, porque con asuntos como el de la salud, que interesan a todos, no es de buena presentación andar generando zozobra.
Pero, si lo es, como en efecto lo demuestra la realidad, ¿por qué no ha firmado el decreto de declaratoria de la emergencia? ¿En verdad espera que venga a Cúcuta el superintendente para hacerlo?
Hmmm.
