Por determinación de la Ley 724 de 2001 se institucionalizó el Día Nacional de la Niñez y la Recreación en Colombia, que tuvo lugar el pasado 25 de abril.

Pero nada hay que celebrar porque sobre los niños y adolescentes sigue gravitando el reclutamiento forzado al que acuden las estructuras armadas ilegales con el propósito de incrementar sus filas de combatientes.

Es de tal magnitud lo sucedido, que un informe de la Secretaría General de Naciones Unidas, que abarca hasta 2024, reseña que en Colombia un promedio de un niño o niña es reclutado y utilizado cada 20 horas por grupos armados.

“Los niños y niñas de Colombia no solo quedan atrapados en el fuego cruzado, sino que llevan años siendo reclutados o utilizados por grupos armados. Las consecuencias que esto tiene para ellos y sus familias son devastadoras”, es la afirmación de  la representante de UNICEF en el país, Tanya Chapuisat.

Y la situación sigue empeorando como lo demostró la Defensoría del Pueblo, en una práctica que no es de hoy, sino de tiempo atrás en medio de la confrontación armada, como se reseña en una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contra varios integrantes de las antiguas Farc.

La JEP llamó a reconocer responsabilidad a 20 exintegrantes de las Farc-EP que, ya sea por su liderazgo regional o por su participación determinante, son considerados máximos responsables regionales en la comisión del patrón de reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidos menores de 15 años.

Los contrastes indican que nada ha mejorado en ese campo donde la tendencia es al acelerado deterioro de los derechos humanos de los más pequeños, puesto que mientras en Norte de Santander, en 2025, se presentaron al menos 17 casos de esta naturaleza, en el primer trimestre de 2026 ya el número asciende a seis.

La confirmación de la profundización de ese problema lo señaló, recientemente, la Defensoría del Pueblo, en un informe  sobre el particular.

Al ponerle la lupa al problema, teniendo como reflejo la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional y el frente 33 de la disidencia de las Farc, se advierte que son los mayores perpetradores, en los primeros tres meses del presente año.

La Defensoría indicó que al cierre del período enero-marzo de 2026, la mayoría de casos fueron atribuidos al Estado Mayor de Bloques y Frentes, con 42,1 % y el Eln 31,4 %.

Lo peor de todo es que pese a que instituciones como UNICEF insisten en que el reclutamiento y el uso de niños y niñas constituye una grave violación de sus derechos, y está prohibido por el derecho internacional, tanto el Derecho Internacional Humanitario como el de derechos humanos, esas organizaciones armadas siguen actuando en contravía.

Entendiendo que las cifras anteriores estarán impactadas por el subregistro producto del temor a denunciar o ante las intimidaciones de los reclutadores ilegales y que esas organizaciones no dan muestras de respetar la inclusión forzosa de menores a sus filas de combatientes y más bien tienden a convertirlo en herramienta ordinaria, todo dentro de su degradado accionar violento en los territorios.

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