Así como el presidente Gustavo Petro ha estado tan preocupado e interesado por todo lo sucedido en la Franja de Gaza y hasta intercedió en favor de algunos rehenes que estuvieron en poder de Hamás,  se esperaría que haga lo mismo con lo que está pasando en Venezuela.

Tal vez que venga con un megáfono, como lo hizo en una calle de Nueva York, y aquí en la frontera desde la mitad de alguno de los puentes internacionales le reclame al régimen del presidente Nicolás Maduro la liberación inmediata de 38 colombianos que se encuentran detenidos  en las cárceles del vecino país.

Hay desespero entre los familiares porque se teme que  los capturados estén siendo usados como chivos expiatorios, puesto que el  número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, los ha tildado de paramilitares sin ofrecer pruebas o evidencias que sustenten ese señalamiento.

Teniendo presente las denuncias, hay una flagrante violación de los derechos humanos de estas personas a quienes se les han negado todas las opciones, siendo encerrados sin oportunidad de defensa de ninguna clase.

¿Quién los salvará? ¿Quién los defenderá?  Es urgente que la Cancillería y la embajada de Colombia en Caracas inicien una gran acción jurídica y diplomática para lograr el rescate sanos y salvos de los connacionales contra quienes no hay un proceso o causa judicial abierta en Venezuela, como lo han denunciado sus allegados.

¿Por qué el presidente Petro no hace una llamada a Maduro y le solicita la liberación inmediata de los ciudadanos colombianos a quienes  mantienen en las temidas prisiones de ese país?

El jefe de Estado colombiano, en instantes en que ya bajó la tensión en el Medio Oriente, debería enfocar su atención en los ‘rehenes’ que Maduro mantiene en sus cárceles y exigirle, teniendo como base el Derecho Internacional Humanitario, la libertad inmediata y sin condicionamiento ninguno de todos ellos.

El Estado no puede abandonar a sus ciudadanos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Y aquí no es que estén en miles de kilómetros, no, se encuentran del otro lado del río Táchira, con la misma y temeraria acusación que  siempre ha utilizado Venezuela: de ser miembros de fuerzas paramilitares.

Ante la comunidad internacional,  Colombia tiene que denunciar con fuerza este grave hecho para elevar los niveles de presión contra el gobierno de Caracas y buscar opciones de apoyo con terceros países a fin de lograr una solución.

Hay que agotar todas las instancias. Hay que acudir a todos los foros. Las 24 horas se tiene que hablar de los 38. No hay que descansar ni un segundo para que vuelvan al seno de sus hogares.

Es necesario que esta tragedia de los 38 colombianos en poder del régimen madurista  no se acalle sino que se amplifique. El silencio lo único que hará es encubrir con su manto esta grave situación. 

La Casa de Nariño no puede olvidarse ni dejar abandonados a su suerte a los 38 colombianos (35 hombres y  tres mujeres) que el Palacio de Miraflores tiene tras las rejas con señalamientos de haber ingresado al vecino  país con fines violentos, llegando a indicar que algunos de ellos son “mercenarios” y “terroristas”.

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