Las labores investigativas y de inteligencia de los organismos de seguridad reconfirman con los resultados de sus investigaciones que Cúcuta está padeciendo los rigores del conflicto armado que sacude al Catatumbo, con delitos como la extorsión y el microtráfico en sus calles.

Todos los detalles determinaron que la disidencia del 33 frente de las Farc tiene una presencia con células urbanas en la ciudad, copiando el mismo modelo que utilizaba dicha guerrilla antes de pactar el proceso de paz con el gobierno.

Y fueron esos milicianos como se les denomina, los que han activado la quema de taxis en la capital de Norte de Santander, precisamente con el objetivo de exigirles a las empresas gruesas sumas de dinero a cambio de no atacar el parque automotor de la mancha amarilla.

Los resultados de la investigación que fueron dados a conocer en un informe de La Opinión, muestran que dicho grupo armado empezó pidiendo  hasta mil millones de pesos y luego bajó a $10 millones mensuales para que ‘no volvieran a ver más taxis quemados’.  

Eso que está ocurriendo es un regreso a complicadas situaciones de la aplicación de ‘vacunas’ a sectores económicos por parte de organizaciones al margen de la ley que como ahora lanzaban amenazas y las cumplían, aunque siendo ahora de mayor riesgo, medido en el cumplimiento de las acciones intimidatorias medidas en diez carros incendiados desde febrero.

Hay que resaltar el reciente golpe dado a esa estructura y los presuntos perpetradores de dichos ataques, tres de los cuales fueron detenidos e imputados por la Fiscalía de los delitos de concierto para delinquir, extorsión, terrorismo y porte ilegal de armas.

Ahora que ya se conoce el trasfondo de ese hecho que al principio dejó muchas inquietudes porque no se sabían las razones de estos ataques, es fundamental que tanto la Alcaldía y la Policía fortalezcan el plan de seguridad para el gremio de taxis.

Teniendo como base lo que descubrieron los sabuesos sobre la operación desatada por la disidencia de las Farc, el plan para un ‘botón de alerta’ en todos los taxis  sería razonable que se volviera una realidad inmediata, así como vigorizar las denuncias y los planes  de seguimiento a aquellos factores que generen sospechas.

Tener un mecanismo de alarma inmediata con la  Policía Metropolitana de Cúcuta resultará importante para que se puedan desarrollar más rápidamente los ‘planes candado’ y de búsqueda de los responsables de esa clase de delitos que tienen una alta carga de violencia para causar miedo y zozobra.

Sin duda que se trata de un peligroso hecho que llega a sumarse a la ya de por sí incontenible ola de inseguridad ciudadana, y el cual definitivamente causa un directo impacto sobre la ciudadanía.

Debido a que diez de esos vehículos han sido pasto de las llamas de manera intencional, la incidencia inmediata es el temor de los conductores que ante esa amenaza no vuelven a prestar servicios hacia determinados sectores y también se abstienen de recoger pasajeros en las calles.

El ciudadano es el directamente afectado por esta acción extorsionista que en últimas les está cercenando el derecho a la libre movilidad, al generar que se creen zonas de alta peligrosidad para la prestación de este servicio de transporte público.

E igualmente es un hecho repudiable en contra de los propietarios de taxis, los conductores y las empresas de ese sector en Cúcuta y el área metropolitana.

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