Al entrar en tierra derecha con rumbo a la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo, en el área metropolitana de Cúcuta hay un problema social y económico que se niega a desprenderse, cual es la informalidad laboral.

Hoy, cuando estamos leyendo estas líneas, en la región nos encontramos con 271.000 trabajadores en esa condición, como lo expone el DANE en el último informe.

Durante muchos meses y años, desde hace tiempo, esta medición siempre marca a la ciudad entre las que más empleos no formalizados tiene, en diversos campos de la economía local.

Siguiendo esa línea, en la que por cierto son muy contadas las veces en que se queda por fuera del podio, la ciudad se situó segunda en el ámbito nacional, con una informalidad del 62,3 por ciento durante el primer trimestre de 2026.

Y entonces aquí viene la importancia de conocer específicamente qué planean hacer los candidatos presidenciales para remediar este viejo problema estructural que arrastra la zona.

¿Sí nos tendrán presente en sus propuestas para sofocar este muy nortesantandereano problema, que merece tratamiento especial y requiere de políticas diferenciales?

Porque para quedar a salvo de planteamientos demagógicos o electoreros, es preciso señalar que la solución pasa por tener presente su condición fronteriza y la situación muy particular de la economía local y sus potencialidades.

La región espera escucharlos a ellos y a sus equipos económicos sobre la iniciativa explícita en este campo que constituye un verdadero reto, puesto que ese desmonte de la informalidad pasa, necesariamente, por transformaciones sustanciales para vigorizar el tejido empresarial en la región.

No puede llegar a ser una simple fórmula mágica o una salida del paso con medidas poco efectivas para remediar este asunto del empleo temporal y sin las garantías legales.

Los aspirantes a la primera magistratura deben detenerse a observar la contradicción de que, aunque en términos estructurales la economía en la región sí está creciendo, no  genera el suficiente empleo formal y productivo. De entrada ya es una singularidad que obliga a hacer una evaluación muy distinta a la del resto del país. 

Es por eso que para los habitantes del departamento resulta de la mayor trascendencia que quienes aspiran a gobernar el país hablen con fundamento sobre este asunto que incide en la vida de miles de personas y que encontraría en la industrialización una posibilidad de solución.

Es que muy bien lo planteó la coordinadora del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Sharyn Nataly Hernández Fuentes, cuando argumentó que la informalidad laboral es "una situación típica de economías fronterizas, donde el comercio es muy dinámico y muchas actividades dependen en el estricto sentido comercial, pero predominan los micronegocios y el autoempleo".

Por el dato consignado antes, es muy claro que no estamos ante una cuestión menor y que en tal sentido, el próximo gobierno que asuma el 7 de agosto tiene ahí el reto de hacer algo concreto en materia de  política económica y social para la zona fronteriza construyendo un aparato productivo fuerte y dinámico para atender el mercado binacional, por ejemplo. 

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