La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) parece muchas cosas, incluso el sueño de alguien con aspiraciones de ser en Colombia un Evo Morales, que como líder eterno del sindicato de cocaleros de Bolivia llegó a la presidencia de su país.

Pero, de lejos, una cosa es Bolivia y sus extensos cocales para la ritualidad de las comunidades aborígenes, mayoritarias allí, y otra, muy diferente, Colombia y sus cultivos para el narcotráfico. Porque no tienen ni otro origen ni otro destino.

La Coccam nace con problemas serios. Sus integrantes son los mismos que pactaron la erradicación de cultivos dentro del desarrollo del proceso de paz con las Farc, que fue positivo en todo el país, menos en el Catatumbo.

Quizás por esta razón es que al Gobierno le genera urticaria la Coccam; la presencia en ella de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat) como la principal fuerza motriz, no le causa la menor gracia. Al fin y al cabo, la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Caño Indio fracasó por la intransigencia del liderazgo campesino orientado por Ascamcat.

Fracaso que se traducirá en la erradicación forzosa de los cocales, sin derecho a indemnización o subsidio o a otro beneficio. Para decirlo en lenguaje popular, ‘esa platica se perdió’, por la postura radical de los cocaleros y sus voceros.

Ese antecedente tan reciente le impide al Gobierno siquiera considerar una propuesta como la de Coccam, y con mayor razón tratándose de cultivos ilegales, en momentos en que, para no hablar del resto del mundo, Estados Unidos tiene un nuevo gobierno que ya tiene puesta su mira en el proceso colombiano, en el que las drogas son un ingrediente de mucha importancia.

Si, como explicó el director para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas, Eduardo Díaz Uribe, el propósito es sustituir la coca, no tiene sentido crear organizaciones de campesinos que la defiendan, pues el acuerdo de La Habana lo que busca es cambiar esa situación.

Así, según Díaz, la Coccam tendrá que desaparecer, algo que, el Catatumbo lo sabe muy bien, no va a ocurrir, mientras Ascamcat esté de por medio.

Permitir esa u otra organización en torno de un objeto ilícito, como la coca y las demás drogas, es un exabrupto político y jurídico de cuya responsabilidad ni este ni otro gobierno querrán ser titulares. Es algo parecido a si los contrabandistas decidieran establecer una organización que los represente y defienda sus intereses.

Es una propuesta descabellada, sin duda, que por muy serios que sean los planteamientos de quienes la formulan, no deja de ser ridícula y absurda, pero que, por la idiosincrasia de los burócratas colombianos, que muy poco se preocupan por los intereses del Estado, puede llegar a convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

Los promotores de la Coccam pueden desgañitarse reclamando que no los estigmaticen, pero no se puede pasar por alto que, por ejemplo, la coca que cultivan los campesinos la venden a narcotraficantes que la procesan y fabrican cocaína.

Sin los cultivos ilegales, la cadena del narcotráfico no existiría. Pero existe.