A tantos afiliados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que mueren a diario no los están matando sus enfermedades sino la horrible fetidez del sistema de salud que tales entidades propician con sus actos dolosos y la incapacidad del Estado para controlarlas.

Por razones relacionadas con la corrupción, la Contraloría General de la República llamó a dos funcionarias del antiguo ministerio de Protección Social y a los representantes de por lo menos 15 EPS y las investiga por detrimento al erario público por más de 50 mil millones de pesos entre 2007 y 2010.

Considerados irregulares, por falta de requisitos o porque no eran legales, el Fondo de Seguridad y Garantía en Salud (Fosyga) retuvo pagos a las EPS, que cobraban tratamientos y medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), que debían ellas asumir, y por falta de firmas y autorizaciones médicas.

Pero, la segunda parte de la trama es todavía más escabrosa: desde sus cargos en el ministerio de Bienestar Social, las dos funcionarias autorizaban el desglose de los cobros, a fin de que les pagaran a las EPS, sin que se hubieran cumplido los requisitos. La razón tenía que ver con el hecho de que una empresa asesoraba a las EPS para que cobraran y les pagaran. Y les pagaban, previo pago de comisión a la compañía intermediaria.

Y cada cobro ilegal era por centenares de millones de pesos. Solo Sánitas y Coomeva obtuvieron pagos irregulares por 31 mil 200 millones de pesos, porque pagaron a la empresa asesora...

Claro. En la empresa asesora tenían acciones la empleada que autorizaba pagar y exfuncionarios del ministerio. La otra funcionaria involucrada en la investigación era la directora de financiamiento del ministerio, acusada con cargos graves, pues si bien no participó en los hechos fraudulentos no tuvo el suficiente cuidado para evitar el desfalco.

La decisión de la Contraloría de acusar a esta funcionaria debería servir de pauta para otras investigación es similares. Si los empleados no cumplen con sus funciones, están permitiendo que ocurran casos como el de las EPS. Esa falta de vigilancia, de cuidado, de celo en el cumplimiento de las funciones, debería recibir castigo siempre.

Con sanciones a estos funcionarios no se acabará la corrupción, sin duda, pero se ayudará a ponerle freno.

Porque, esta no es la única investigación de la Contraloría contra las EPS. Hay otra en la que se imputaron cargos a 39 EPS por recobros al Fosyga en medio de la libertad de precios, por eventuales sobrecostos por 62,6 mil millones de pesos en medicinas.

Al respecto, surgen más preguntas que respuestas. ¿Por qué, por ejemplo, EPS que figuran de manera reiterada en investigaciones de todo tipo, continúan funcionando? ¿No hay sanciones para ellas o no hay funcionarios con carácter que se las impongan?

Mientras las EPS amasan millonadas, muchas de ellas obtenidas de manera dudosa, los pacientes tienen que andar de clínica en clínica buscando dónde les prestan un servicio por el que están pagando a través de entidades que son solo negocios gordos.

Qué falta que está haciendo que el gobierno le meta de verdad la mano a todo el sistema de salud y lo rehaga.