El tema parecía superado: no habría fumigación aérea para erradicar todos los cultivos de coca —unas 100 mil hectáreas, por lo menos— y los expertos en el debate de todo cuanto es debatible estaban calmados.

Se suponía que el método nuevo sería el de trabajar con un enfoque integral y territorial en el que se diseñaran y se establecieran diferentes estrategias para poder erradicar todos los cultivos ilícitos. La razón: tanto las gentes como los territorios son diferentes.

Pero, sin terminar aún el estudio ergonómico de su silla, el flamante nuevo Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sorprendió al país con su declaración de que él es partidario de revivir la fumigación aérea para enfrentar el problema de los crecientes narcocultivos.

El argumento no deja de ser contradictorio con la realidad expuesta muchas veces por el Gobierno, basado en la experiencia de los organismos del Estado que han estado involucrados en los problemas de erradicación: “el aumento de la coca amenaza la paz”, explicó el fiscal.

Al respecto, la opinión pública está saturada de información según la cual, la búsqueda de acuerdos en busca de la paz siempre se vio obstaculizada por los programas de erradicación, ya fuera manual, ya mediante sistemas de fumigación.

En concordancia con el ministro Jorge Londoño, de Justicia, consideramos que “la paz es una oportunidad para poder establecer una solución integral, y precisamente esa es una de las ventajas y beneficios de poder lograr un acuerdo”, pues los territorios de cocales estarán libre de la anteriormente peligrosa presencia de las Farc, y así el Estado podrá llegar más fácilmente con soluciones integrales, como son las que se necesitan en esas zonas.

Es la falta de coherencia entre sus organismos, la circunstancia que genera más desconfianza en la praxis política del Estado: los ciudadanos no saben a qué atenerse, pues respecto de temas como este de la erradicación de cultivos ilegales, una cosa se dice oficialmente hoy, y mañana se dirá otra, diferente, contradictoria.

Algo es ineludible: hay que sustituir los narcocultivos. Ningún colombiano puede seguir derivando su sustento de cultiva coca o amapola o marihuana, solo porque el Estado no ha llegado hasta donde él y su familia intentan sobrevivir, así sea haciéndole lances a la ley.

Pero, claro, no a cualquier precio. Este debe dejar de ser un país al que en el mundo miran de soslayo, porque su política de drogas ha sido un ir y venir entre un fracaso y otro, pero tampoco hay que dar pasos atrás solo por razón de la presión de los fabricantes de productos químicos que inquieta a un fiscal hasta el punto de entrar en contradicción abierta con el Ejecutivo.

¿Ya están definitivamente probadas y aprobadas las consecuencias de usar el glufosinato de amonio con el que se dice reemplazarán al glifosato? Si sabemos que es seguro para la salud —al contrario del glifosato— y que su aspersión desde el aire es una operación altamente eficiente, pues a fumigar cocales, entonces.

Pero sin dar palos de ciego. Coherencia, señores del Gobierno, para que el país entero le crea.