Una actuación semejante a la de los temibles carteles mexicanos del narcotráfico y con visos de lo que en su momento hacía Al Qaeda aparece en un video captado en el Catatumbo, relacionado con el asesinato de dos hombres, en un ataque ocurrido en la vía Ocaña-Teorama, donde otra persona resultó gravemente herida.

Aparte de lo demencial y sanguinario que contempla el contenido de ese material, llama poderosamente la atención la repetición en dos oportunidades del siguiente mensaje: “venimos del frente 33 de las Farc EP, a nombre de Richard Suárez...”.

Al consultar quién es el mencionado personaje, las alarmas hay que activarlas, porque estamos ante un hecho del que se ha venido alertando desde hace tiempo, y es el de que dicha disidencia pese a indicar que estaría en diálogos con el Gobierno nacional, persiste en los homicidios, extorsiones e intimidaciones contra la población.

Richard Suárez, comandante del bloque Magdalena Medio Gentil Duarte de las disidencias de las Farc, se encuentra en diálogos de paz con el Gobierno Nacional y tiene bajo su mando a la estructura 33, liderada por alias Andrey.

Con lo sucedido se advierte que ratifica su poca voluntad de paz, puesto que incumplió el acuerdo de 2016, al retomar las armas. Y lo que es peor es que esta incursión sucede tiempo después que el presidente Gustavo Petro destacara en su cuenta de la red social X que en el Catatumbo se avanza en un proceso de negociaciones con esa agrupación dentro de la ‘Paz Total’.

En lo escrito por Petro se lee que: “Y existe un proceso de paz con zona de concentración ya acordada”.

Pero con lo visto en el video donde se escucha como un hombre da la orden de asesinar a los hombres que transportaban ‘pategrillo’, al tiempo que incendian los vehículos, ese proceso sin duda se encuentra en crisis ante semejante demostración de fuerza dirigida a imprimir terror dentro de la comunidad.

En una zona donde hay importante despliegue militar luego de que a mediados de enero de este año estallara la guerra entre la disidencia de las Farc y el Eln que ya deja 154 muertos y el registro de 72.488 desplazados, se esperan acciones ofensivas contra esta clase de incursiones como la que acaba de suceder.

Asesinar personas y someter a extorsiones a la población bajo amenazas de muerte nada tienen que ver con la paz, luego el Estado con la Fuerza Pública tiene la obligación de proteger a la población civil, retomar el control y llevar ante la justicia a quienes utilizan estos métodos terroristas para ejercer presión.

El Catatumbo que cuenta con cerca de 53.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca necesita con urgencia salir de esa espiral de violencia, muerte, desplazamiento, desapariciones y atrocidades diversas, provocadas por grupos armados al margen de la ley que tienen en las economías ilegales su más importante fuente de financiación para alcanzar su poderío.

No se puede permitir que sigan incrementándose las víctimas ni mucho menos que los efectos colaterales sobre otras regiones del departamento sigan en aumento, generando más inseguridad ciudadana, mientras que esos grupos dicen querer abrazar la paz, pero lo que en realidad parecen buscar es asfixiarla con sus jugadas y engañosas.

El Gobierno nacional no puede seguir permitiendo eso, por los daños evidentes que su posición dialogante frente a un interlocutor que hace todo lo contrario a lo que se plantea en las conversaciones.

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