La historia de Colombia, forjada con sangre, justicia y ambición por un futuro más plural, se enfrenta hoy a una encrucijada. Un nuevo proyecto impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, plantea una Asamblea Constituyente, con la pretensión de hacer reformas de raíz. El Ministerio de Justicia y del Derecho deja claro que se busca que “el pueblo decida” sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Desde La Opinión reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la institucionalidad, del Estado Social de Derecho y de los valores que nos han permitido avanzar desde la Constitución de 1991. Por ello, nos unimos a la exigencia ciudadana de decir alto y claro: #NoALaConstituyente.
Estas son las razones de nuestro rechazo.
1. Riesgo a la estabilidad institucional
Aunque el proyectista afirma que no se trataría de “una refundación” de la Constitución de 1991, sino de “desarrollarla”, lo cierto es que estamos ante un mecanismo que podría conducir a profundos cambios estructurales. Una reforma de esta magnitud, sin consensos amplios, terminaría debilitando el equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que requieren los regímenes democráticos.
2. Uso ideológico de la Carta Magna
Cuando el Estado llama a una Constituyente con la premisa de impulsar un “programa social que la caverna no ha dejado desarrollar”, como lo indica el comunicado del Ministerio, se evidencia que la convocatoria no yace en una necesidad técnica de modernización institucional, sino en un plan político e ideológico. El riesgo es que la Constitución sea instrumentalizada para imponer una agenda de partido o de gobierno, más que para articular un pacto nacional de largo alcance.
3. Falta de deliberación amplia y debate pluralista.
La iniciativa se presenta como una base para recolección de firmas ciudadanas. No obstante, hasta ahora falta un debate público informado, de partidos, gremios, minorías ideológicas, entidades territoriales. Este tipo de procesos requiere mayor deliberación y no sólo movilización.
Además, el hecho de citar a una manifestación en la Plaza de Bolívar para explorar “firmas del poder constituyente” añade un carácter de urgencia que remite más a una movilización política que a un ejercicio de reflexión colectiva.
4. Camino hacia el experimento de una izquierda radical.
Desde esta tribuna lo advertimos: el verdadero peligro no es sólo la nueva Constitución, sino su utilización como vehículo de una transformación institucional hacia modelos de izquierda radical con la concentración del poder, debilitamiento de los contrapesos, redefinición de propiedad y empresa, reforma a la justicia por fuera del Congreso. Cuando no hay garantías claras para la autonomía de los poderes del Estado y para el respeto pleno de los derechos fundamentales, surge el temor de que Colombia salte del pluralismo al control partidista como ha sucedido en otras latitudes.
Colombia necesita reformas institucionales, sí, pero con consenso, respetuosas de nuestra historia constitucional, de la separación de poderes, de la autonomía territorial y de las libertades individuales. No puede permitirse que un Gobierno, por más mayorías que tenga, transforme la Constitución según su cronograma político.
Si se avanza con un proceso constituyente sin pacto nacional, no sólo se fractura la convivencia democrática —ya de por sí tensa — sino que se genera una grieta para las generaciones futuras ¿Queremos que nuestros hijos hereden instituciones fuertes, incluyentes y legítimas o un texto constitucional producto de la urgencia y el cálculo electoral?
Una Constitución no es un adhesivo para pegar sobre el capricho de turno. No es un instrumento que pueda cambiarse cada vez que gobierna una nueva mayoría. Es, al contrario, el pacto que nos permite convivir, apostar por la igualdad ante la ley, por el pluralismo, por el equilibrio del poder y el progreso compartido.
Al ratificar con claridad: #NoALaConstituyente en los términos propuestos, La Opinión seguirá con firmeza su responsabilidad de vigilar el proceso, preguntar de cara a los ciudadanos, exigir transparencia y salvaguardar nuestra democracia. Porque si cedemos hoy en esa defensa, mañana puede costarnos mucho más que una discusión de papel.
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