Ni siquiera pasaron tres días desde que la Alcaldía de Cúcuta había destacado una notable disminución en los índices de inseguridad, en contraste con las cifras del año pasado, cuando sonó un bombazo en el área metropolitana que puso en entredicho esa afirmación.
En esta oportunidad el objetivo de los atacantes fue de nuevo la Policía de Tránsito que en esta oportunidad sufrió un atentado con explosivos en la vía que de Cúcuta conduce a El Zulia.
Eso de por sí echa por tierra cualquier vestigio de que todo iba camino de mejorar, porque el lugar de la acción en Quebrada Seca, se encuentra en territorio metropolitano, asunto que significa que las condiciones de orden público siguen siendo complicadas.
No es que se quieran demeritar que el hurto de cayó en un 49% y el de carros en un 34% o que el robo a personas disminuyera en el 15%, como lo reseña el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional.
Pero sin duda alguna algo muy complicado y delicado sigue sucediendo relacionado con esa extensión hasta el territorio metropolitano de la guerra y de conflicto que se manifiesta tanto en el Catatumbo como en la frontera colombo-venezolana, que ha sido tomada por el crimen.
Esos bombazos contra integrantes de la fuerza pública que en este caso en particular adelantan labores relacionadas con el control y la operatividad del tránsito, provocan indudablemente sentimientos de que no todo anda bien y la percepción del miedo aumenta nuevamente.
Pero es que además no podemos ser tan rotundos en que se trata de buenas cifras, porque lo que se dice ahí es que han bajado, pero los robos continúan, tal vez con menos frecuencia pero sigue siendo la ciudadanía objeto de las acciones del hampa, razón por la cual no se puede estar ni contentos ni satisfechos.
Además, hay que recordar que Cúcuta se encuentra dentro de un listado mundial de ciudades inseguras por el nivel de homicidios, del cual no ha salido y que sigue rodeada de múltiples problemas en su territorio y que, además, falta mucho por hacer en el campo de disminuir los factores que conllevan a la inseguridad ciudadana, como por ejemplo la desigualdad social y la extrema pobreza.
Pero además, el hecho de que ataquen en plenas vía pública a las patrullas de Tránsito lleva también de por sí ese elemento de reto a la institucionalidad, que debe obligar a profundizar las investigaciones para esclarecer estos hechos.
Recordemos que no es el primer caso. Ya situaciones igualmente graves ocurrieron en una oportunidad al frente de Prados del Este, donde murió una persona, así como otra incursión contra otro puesto de control de la Policía de Tránsito en la carretera que de Cúcuta conduce a Puerto Santander, donde falleció un patrullero.
La ciudadanía merece que se le informe qué es lo que está sucediendo y que se ahonde en el caso de los presuntos disidentes de las Farc que fueron detenidos por el atentado en la Demetrio Mendoza, en septiembre del año pasado.
De esas conclusiones que tengan los investigadores tanto de la Dijín como de la Fiscalía y de los organismos de seguridad del Estado será posible determinar el por qué una organización armada ilegal puso en la mira a las autoridades de Tránsito, o en realidad quiénes están detrás de ese tipo de operaciones criminales que generan zozobra entre la población civil.
Las autoridades locales no deben contentarse con las estadísticas sino en lograr que la seguridad deje de ser una utopía y volverse una razón de ser de la ciudad.
