El reciente requerimiento de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) hacia medios para que entreguen información sobre sus políticas editoriales no es simplemente un acto administrativo: es una señal peligrosa que hiere el corazón de la democracia.  

La CRC —una entidad autónoma encargada de vigilar los mercados de comunicaciones— tiene facultades legales para regular dentro de los parámetros que la Constitución de 1991 le impone.  

Pero esa autoridad no puede traducirse en un ardid para coartar el control interno y editorial de los medios ni para obligarlos a rendir cuentas políticas. Forzar a periodistas y medios a revelar sus estrategias de selección informativa bajo la amenaza de sanciones es intentar gobernar no por la persuasión del argumento, sino por la intimidación institucional.

Desde La Opinión rechazamos con contundencia cualquier intento de sometimiento del periodismo a intereses de Estado. No podemos aceptar que el Gobierno nacional deslegitime a los medios, que los acuse de parcialidad sin asumir responsabilidad por sus propias fallas, y mucho menos que recurra a amenazas institucionales para asfixiar la crítica.

Este tipo de acciones se inscriben en una lógica prolongada: en discursos previos, el presidente ha señalado a periodistas con descalificaciones, ha acusado a los medios de ser instrumentos del poder económico, de conspiradores del uribismo, de “muñecas de la mafia”.

Tales expresiones erosionan el respeto profesional que exige el ejercicio periodístico y promueven un clima de desconfianza que puede volverse hostil. (Recordemos que la FLIP ya ha expresado su preocupación por algunos señalamientos que estigmatizan a las mujeres periodistas). 

Hoy, la FLIP advierte que estamos ante una amenaza grave a la libertad de prensa y un riesgo de censura en las salas de redacción. 

No basta con responder con indignación en redes sociales. La institucionalidad exige reacciones claras y procedimientos transparentes. La CRC debe retractarse, reconocer su exceso, y garantizar que no habrá represalias contra los medios que no accedan voluntariamente a revelar sus políticas internas bajo coerción.

Tampoco se trata de culpar a los “medios controlados por el gran capital” cuando se cuestiona su gestión, sus contradicciones o sus omisiones. El periodismo —cuando es serio— no es un enemigo, sino el mejor aliado para una sociedad que aspira a corregir errores, exigir rendición de cuentas y evitar el autoritarismo disfrazado de buen gobierno.

Caer en esta tentación para tratar de tener injerencia en los contenidos informativos abre una caja de pandora de la cual surgen claras amenazas con tufillo dictatorial que pueden llevarse de por medio los derechos a informar y ser informados y  afectando la autonomía editorial.

Este Gobierno tiene la responsabilidad de demostrar que defender la pluralidad informativa no es una concesión, sino un pilar en el que se sostiene toda la legitimidad democrática. Ningún mandatario puede erigirse en juez supremo del discurso público ni someter al periodismo al juicio discrecional del poder.

No aceptaremos que Colombia recorra el camino de los sistemas donde el poder público encarcela la crítica con tecnicismos institucionales. En defensa de nuestra misión, en defensa de la democracia, decimos: no presidente, así no.

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