Sucedió un hecho que ratifica, por sí solo, que persisten los problemas en los ministerios del gobierno del presidente Gustavo Petro, como lo demostró el extraño borrador de la resolución que hablaba de pedirles a los venezolanos el pasaporte vigente para ingresar a Colombia, cuya real vigencia fue desmentida por la Cancillería y la Presidencia de la República.
Donde eso hubiera ocurrido, las trochas fronterizas habrían recobrado su operatividad absoluta, mientras las organizaciones criminales que las manejan estarían frotándose las manos porque sus economías ilegales tendrían ahí un punto de florecimiento.
Esto sirve de ejemplo para recordar que muchas veces los funcionarios de la administración nacional no miden las riesgosas consecuencias que acarrean las determinaciones que ellos adoptan desde sus cómodos despachos en Bogotá.
Al Ejecutivo le corresponde hacer la real precisión sobre esa clase de medidas para evitar que se generen matrices de desinformación que al traspasar fronteras llevan implícitos mensajes ciertamente equivocados que hasta afectan la imagen del país, en cuanto al manejo de una crisis humanitaria como la de los migrantes y refugiados del vecino país.
Le corresponde al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, hacer una urgente evaluación sobre lo ocurrido, puesto que aunque ya se ha insistido en que la medida de exigir el pasaporte vigente no se aplicará para los migrantes venezolanos, sí queda en el ambiente la sensación de que el Gobierno Nacional sí tenía la intención de ponerles trabas a los vecinos para entrar a nuestro territorio.
¿Por qué salió ese borrador de la resolución que presuntamente derogaba la 2231 del 9 de junio de 2021? ¿Se están pasando por alto al encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué buscaban con esto? ¿O sí lo iba a hacer, pero luego se arrepintió?
En el documento que nunca cobró vida jurídica, se tenía como fundamento que no era perentorio el tratamiento excepcional dado a los ciudadanos venezolanos, debido a que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre los dos países, sumado a que ya están en funcionamiento varios consultados en Caracas, San Cristóbal y Maracaibo, y se esperaba la apertura de 10 más en el vecino país.
Frente a esta situación que ya parece superada, cae como anillo al dedo señalar que un informe que midió el ‘impacto fiscal de la migración venezolana en Colombia: realidad vs. potencial’, reveló que en 2022 Colombia recibió el equivalente a 529 millones de dólares pagados en impuestos por los migrantes .
El mismo análisis agregó que el estimado en gasto público de la migración venezolana en educación es de US$ 318 millones (3,06% del total del presupuesto) y en salud alcanzó los US$175 millones (1,81% del total del presupuesto).
El reporte fue elaborado por Konrad Adenauer Stiftung (KAS) e Ideas para la Paz (FIP), junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Cámaras Empresariales Venezolanas en el Exterior (Cavex), a través de Equilibrium Social Development Consulting.
Luego el asunto de la población migrante hay que manejarlo con mucho tacto y siempre desde la óptica social, puesto que ya es hoy una parte integral de nuestro país, con dos lugares de alta recepción como lo son Bogotá que en la actualidad aglutina 616.942 venezolanos y Norte de Santander con 338.442 residentes provenientes del vecino país.
