El robo a un periodista el martes en la tarde al salir de un restaurante fue un asalto más en el que un motociclista solitario armado con pistola logró llevarse lo que su víctima llevaba encima. Un concejal que salía detrás del asaltado, se puso a salvo dentro del local.

La víctima pudo ser cualquier persona, como de hecho ocurre con frecuencia cada vez más notoria en esta Cúcuta abandonada por todos, comenzando por sus autoridades. El que la víctima haya sido quien fue, en nada cambia la realidad.

La explicación de la inseguridad está en los cucuteños y en su permanente actitud de desentenderse de lo que sucede, porque siempre es más cómodo culpar de los males al extranjero, por ejemplo, tachar de ineficiente a la Policía y asumir el papel de víctimas —porque puede generar jugosos réditos—, que aceptar la propia responsabilidad.

El porte de armas, aún con salvoconducto, está prohibido, como también lo está el parrillero en las motocicletas. Pero, ¿cuántos cucuteños podrían levantar la mano y afirmar que han informado a la Policía de alguien que vieron armado o iba en el asiento trasero de una moto?

Es indudable que la actuación de venezolanos en delitos callejeros es cada día más frecuente y que la culpa de ello la tiene el Gobierno, al que le quedó grande el control de la frontera. Pero no toda la inseguridad se debe a los extranjeros y al caos en los puentes internacionales.

Sin embargo, a pesar de esa realidad, el incremento delictivo no alcanza, ni de lejos, las cifras de otras épocas.

Que la Policía no cumple a cabalidad con sus funciones constitucionales y legales es innegable, y se comprueba con la existencia de zonas ‘independientes’ en donde bandas organizadas son el poder, la autoridad y la ley.

Pero, ante la situación, plantear que se militarice la ciudad y que se contrate con empresas privadas la vigilancia de algunos sectores, como hace algunos días lo propuso el concejal Juan Capacho, se antoja una propuesta delirante.

Aún no se borra de la memoria —en la historia permanecerá para siempre— la enorme hecatombe que significaron las cooperativas de vigilancia, en las que se incubó el engendro paramilitar. Empresas privadas y cooperativas de vigilancia y seguridad son la misma cosa: algo que jamás se querrá de nuevo en Colombia, y menos ahora que intentamos silenciar la guerra.

Por otra parte, el Ejército tiene como función fundamental, casi que no tiene otra, la de garantizar la soberanía en las fronteras internacionales, ante el intento de cualquier potencia que pretenda violarla.

La solución está en la educación de la población, primero, para que respete las normas y el derecho de los demás, y segundo, para que, si está ante hechos que le parecen sospechosos, una persona llame e informe de inmediato a la Policía.

El problema es que el fisco, saqueado por los políticos de todos los niveles, no tiene suficientes recursos para educar a nadie.

Lo único claro es que propuestas como las del concejal no tienen ni pies ni cabeza. Para ellas u otras similares, como dicen los jueces, no ha lugar.