¿Qué cosas puede hacer el gobierno nacional con 9,45 billones de pesos? Pues olvidémoslas, al menos este año no se harán: no están incluidas en el Plan de Desarrollo. Pero, si lo estuvieran, tal dinero no sería para esos asuntos, sino para engordar las chequeras de los burócratas corruptos, que son muchos.

Así como lo lee: cada año, 9,45 billones de pesos de todos los colombianos cambian de lugar: de las cuentas del Estado van a parar a las de los funcionarios corruptos que hay en todos los niveles de la administración pública.

A la impresionante cifra llegaron la Sociedad Colombiana de Economistas, la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción y el Consejo Privado de Competitividad, entre otros organismos que buscan poner en evidencia un fenómeno que está aniquilando al país de manera acelerada.

Es como si cada año se robaran el presupuesto para Fomento y Regulación del Desarrollo Económico; Vivienda y Espacio Público; Cultura y Comunicación; Recreación, Deporte y Medio Ambiente, que en 2016 es de 9,36 billones de pesos.

Esa es la dimensión económica de la corrupción oficial colombiana, porque la dimensión del daño a la ética y de las violaciones a la ley penal es incalculable. Y lo más grave de toda esta absurda realidad es que nada pasa con los corruptos.

Pero, en realidad, nada pasa, porque los corruptos tienen un discurso que validan cada día con los órganos de control, según el cual, con ellos nada pasa. Y mientras la enorme mayoría de los ciudadanos viva convencida de que al corrupto no le afectan ni la Ley ni la Justicia, pues nada cambiará.

Figurar exactamente en la mitad de la lista de todos los países, medidos en la percepción de la corrupción, no es algo que se pueda pasar por alto. Entre 168 países, Colombia es el número 87, con solo 37 de un máximo de 100 puntos que se otorgan a la mayor transparencia.

Colombia es un país corrupto. Esa es la realidad. Basta repasar los diarios para ver un largo desfile de escándalos multimillonarios por contratos amañados, o por demandas de contratistas que encuentran entre líneas razones suficientes para seguir sacándole dinero al Estado, o por drásticos reajustes de costos… en fin, por razones a veces inverosímiles.

Y es un país corrupto no solo por la acción de los funcionarios encargados de administrar los bienes del Estado, sino por la tolerancia ciudadana al delito, y, en especial, por la impunidad que prácticamente se garantiza desde los órganos de control: contraloría, procuraduría, fiscalía, cuyos responsables no ven lo que los ciudadanos están cansados de comentar…

Desde luego, la corrupción no es fenómeno exclusivo del sector público. A un escándalo del sector privado por corrupción sigue otro y seguirán más, porque también entre los empresarios hay quienes piensan que su objetivo en la vida es el de acumular la mayor cantidad posible de riqueza, no importa que deban hacer.

En síntesis, en Colombia, la corrupción se hizo costumbre, ya es parte de la cultura, con el agravante de que nadie es consciente de que tan culpable es el corrupto como el que no lo denuncia, que se hace cómplice.

Es necesario saber que para serlo, el corrupto necesita de un ambiente en el que el silencio valga más que otra cosa. Pero cuando el silencio se rompa para siempre, la zona de confort de los corruptos habrá desaparecido.

Es urgente cambiar. Si hay determinación ciudadana para que buscar que el corrupto reciba lo que merece, si hay denuncia, si se supera esa complacencia general con los delitos de cuello blanco, si cada uno fortalece su intolerancia al crimen, pues la acción del funcionario corrupto es criminal, todo será diferente.