Estados Unidos certificó la lucha antidrogas del gobierno colombiano, aspecto que de una u otra manera tiene que ver con Norte de Santander, departamento que no escapa al problema de los cultivos ilícitos que no solo están en el Catatumbo sino que ahora ya se encuentran en la zona rural de Cúcuta.
Ese visto bueno o aval de la Casa Blanca a la Casa de Nariño, de acuerdo con lo expuesto por analistas y expertos lleva implícitos varios mensajes.
“Certifico que el gobierno de Colombia ha venido implementando una estrategia macional antinarcóticos con el objetivo de reducir los cultivos ilícitos y producción de coca en un 50 por ciento para el año 2023 y que tal estrategia no viola los acuerdos de paz que se firmaron en el 2016 entre el Gobierno y las Farc”.
En los anteriores términos se refirió la administración del presidente Joe Biden a lo adelantado en aquél frente por el jefe de Estado colombiano, Iván Duque, según se desprende de la carta firmada por Wendy Sherman, subsecretaria de Estado de Estado Unidos.
Recordemos que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) maneja cifras de 2019 y 2020 según las cuales hubo una disminución del 7% en el hectaraje de cultivos de hoja de coca, en Colombia.
Lo anterior significa que el área de cultivos ilícitos disminuyó desde las 154.000 hectáreas hasta las 143.000 de un año a otro, desconociéndose todavía el dato relacionado con el año pasado.
Sin embargo, lo cierto es que en la zona del Catatumbo tenemos, de acuerdo con las cifras, 40.000 hectáreas con cultivos ilícitos, que incluso en la actualidad es motivo de reuniones entre la comunidad y los gobiernos nacional y regional, para tratar lo relacionado con la erradicación forzosa y la posibilidad de un modelo alternativo de sustitución.
Sobre este aspecto, un informe de la agencia de noticias Colprensa destaca que con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, el aspecto del cumplimiento del acuerdo de paz en el punto de los cultivos ilícitos, se convirtió en un elemento importante para evaluar la actuación de Colombia en la lucha contra las drogas.
Mientras que durante la administración Trump toda la estrategia estuvo centrada hacia las fumigaciones, que aún no se han podido retomar, la administración Biden ha privilegiado los acuerdos con los campesinos cocaleros y la sustitución voluntaria de cultivos ilegales, que están contemplados en el acuerdo de paz como prioridad.
Desde el Ministerio de Defensa la reacción al informe estadounidense sirvió para indicar que hay un compromiso real por parte del Estado colombiano para sofocar este problema. “Esta certificación es un valioso reconocimiento al trabajo abnegado de nuestros soldados y policías en la lucha contra el flagelo mundial de las drogas y el narcotráfico”, fue el comentario del ministro Diego Molano.
Norte de Santander, Cauca, Nariño, Putumayo y Antioquia concentran las mayores zonas cocaleras del país, razón por la cual se esperan propuestas concretas de los ocho candidatos presidenciales en la política pública frente al asunto de la hoja de coca, como a la lucha misma contra el narcotráfico y sus tentáculos en la vida nacional y local.
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