Los alcaldes los ignoran, marginan, desconocen y hasta menosprecian, generalmente. Y buscan, por todos los medios, neutralizarlos para evitar que cumplan con su tarea fundamental de vigilar a la Administración desde la base del poder popular.

Para los alcaldes es mucho más cómodo transferir ilegalmente el poder del edil al líder comunal, porque es más fácil entenderse con un cliente político que con un líder popular con capacidad de crítica y de propuesta y que habla investido de poder político muy claro.

Pero, aunque a los alcaldes les cueste trabajo asimilar la idea, es con los ediles y con la Junta Administradora Local (JAL) de cada comuna, con quienes tienen que trabajar, y no con la Junta de Acción Comunal (JAC) de cada barrio.

La democracia existe con base en el poder político del ciudadano elector, no con en el poder social generado en la amistad y el compadrazgo que caracteriza algunas relaciones de la acción comunal. Y ese poder político lo tiene solo el edil.

La JAL es el fundamento de la estructura del Estado, y no puede existir sin el edil, que es un funcionario elegido, ni siquiera nombrado, y, en cambio, el líder comunal y la JAC nada tienen que ver con esa estructura.

Según la ley 136 de 1994, las juntas administradoras locales son corporaciones administrativas de carácter público, de elección popular. No son un capricho ni una invención de ciudadanos de las barriadas.

Por mandato constitucional, el edil es un coadministrador de la cosa pública, y a la vez un controlador y un canal directo entre los ciudadanos y el alcalde. No es el edil, como se ha hecho costumbre tratarlo en Cúcuta, un ciudadano anónimo y de segunda, al que ni siquiera le permiten el acceso a las dependencias públicas.

La ley dice que del alcalde para abajo están todos los funcionarios obligados a entregarle a un edil, en el término de 10 días, cualquier informe que exija sobre el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Por eso, cuando el edil se queja, por ejemplo, de la inseguridad, o denuncia que los policías se dejan sobornar de algunos criminales, es un funcionario con la representación política de un sector de la ciudad el que se queja y denuncia. Y no atender esas inquietudes es pretender que hay una parte del Gobierno que entiende el Estado como de una propiedad particular sobre la cual puede hacer y deshacer.

Por estos días, los ediles de Cúcuta están bastante inquietos. Además de que se sienten inseguros, perciben que, aunque el trato ha mejorado, son una especie de aves de mal agüero que denuncian problemas que, al final, nadie soluciona.

Las denuncias sobre los policías son extremadamente graves como para que no haya comenzado ya una investigación a fondo, que involucre a la Alcaldía, a la Policía, a todos los órganos de control y a la misma sociedad.

O es que, quizás les creen lo que dicen, pero como son ediles, no les dan la importancia que reviste una denuncia como la de que los policías acuden a donde los criminales a recibir su paga.

Y, en serio, ¿cómo va la investigación?