Para diligenciar y obtener pasaportes, tener un contacto directo con la representación del gobierno de colombiano para casos de emergencia, así como de la tramitación de documentos, y buscar que les presten, de acuerdo con las leyes, es la protección que la República dispensa en el extranjero a las personas e intereses de sus nacionales.
Todo lo anterior quedó interrumpido desde febrero de 2019 cuando se produjo el rompimiento de relaciones colombo-venezolanas, que para nuestro caso implicó el cierre de la embajada en Caracas y de las quince agencias consulares en el vecino país.
En desarrollo de la progresiva normalización, el Ministerio de Relaciones Exteriores acaba de fijarle fechas para que otra vez en San Antonio y San Cristóbal, por ejemplo, en las casas u oficinas que se arrienden, ondee nuevamente la bandera colombiana para identificar las sedes consulares que en ellas se reabran.
Este servicio es muy importante porque es precisamente el lazo más estrecho que tendrán nuevamente los colombianos que habitan en el fronterizo estado Táchira y en localidades vecinas, muchos de ellos incluso ya con familias establecidas en esa parte del territorio venezolano.
Y aquí viene entonces un asunto fundamental que no puede ser considerado ni como un pedido de ‘mermelada’ o de cuotas burocráticas de la región nortesantandereana al Gobierno Nacional, sino un asunto de simple sentido común, porque son las mujeres y hombres de frontera los que conocen todo este entorno tan particular.
En estos momentos de alta movilidad humana, estudiar una caracterización de la población colombiana que se encuentra en la jurisdicción consular, sería de la mayor trascendencia. Y un segundo aspecto igualmente relevante y que también debiera dejar de verse como un gasto burocrático y verlo como una opción importante para la estructuración de la política pública de territorios como el nuestro, es revivir la Gerencia de Fronteras, con modificaciones y fortalezas.
Voces apoyando ese planteamiento fueron escuchadas en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República que deliberó en Cúcuta, esperándose que la administración del presidente Gustavo Petro la evalúe, teniendo en cuenta que al asumir el poder la abolió.
Dicho esquema fue adoptado en el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, dentro de las acciones para servir de puente entre las administraciones locales, el Gobierno Nacional y las entidades de cooperación internacional, para trazar la respuesta institucional a la migración proveniente de Venezuela.
Según lo expuesto durante la deliberación de dicha célula legislativa, la idea es que esta sea una gerencia integral para la zona de frontera con oferta institucional para Cúcuta y Norte de Santander, que como sabemos es uno de los puntos de mayor recepción de migrantes, muchos de los cuales deciden asentarse aquí.
Interpretando lo que se dio a conocer en la reunión de los congresistas con delegados de la Cancillería, ese punto continúa entre los principales de la agenda de la Comisión y por lo tanto es oportuno que la Gobernación junto con las 40 alcaldías, los gremios y la dirigencia política planteen las sugerencias y planteamientos para que dicha gerencia vuelva, pero con un radio de acción y unas acciones más poderosas, más allá del tema meramente migratorio.
Lo anterior porque si en el Plan Nacional de Desarrollo que entró para estudio y aprobación del Congreso se incluye el capítulo para las zonas de frontera, ahí podría adquirir la tarea misional esa gerencia, en lo relacionado con el impulso a proyectos para crear empresas y generar empleo, la búsqueda de recursos y el apoyo internacional para desarrollarlos.
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