Los delgados hilos entre la legalidad e ilegalidad se enmarañan en el llamado sector del entretenimiento sexual para adultos, que en Cúcuta ahora florece por todos los rincones.
Cálculos conservadores estiman en 1.200 estudios en que laboran modelos que por cámaras satisfacen a los clientes que se conectan para disfrutar de esta clase de actividades en la ciudad. Pero de ellos, menos del 10% están registrados o legalizados.
Ante la ola de inquietudes que todavía asaltan, hay que señalar que en Colombia la justicia ya ha venido dando importantes pasos dirigidos a proteger a quienes por una u otra razón deben de trabajar en ese tipo de negocios.
A través de un fallo sin precedentes, la Corte Constitucional reconoció derechos propios de una relación laboral en el oficio del modelaje webcam. La decisión la tomó mayoritariamente la Sala Novena de Revisión de la Corte que, con ponencia del magistrado Alberto Rojas, falló a favor de una mujer desvinculada sin garantía laboral alguna cuando tenía 8 meses de embarazo porque para el propietario del estudio webcam su relación no era laboral sino comercial.
O sea que para protegerse de maniobras que puedan considerarse como explotadoras desde ese punto de vista, ya está la sentencia T-109-21 del año pasado, lo cual sin duda alguna representa un significativo avance para la protección de las trabajadoras y trabajadores de esos estudios.
Sin embargo, en el ambiente continúa la inquietud no resuelta de si ¿estos establecimientos pueden considerarse como centros de explotación sexual y de prostitución?
Debe tenerse muy presente lo expuesto por Magaly Castañeda, directora de la Fundación Frida Kahlo. “Algunas personas dicen: bueno es que eso no genera ningún daño porque a mí no me tocan, no pasa nada, esto no es prostitución. Pero resulta que sí le tocan, pero su salud mental que queda por el piso”.
Y otro detalle muy preocupante que se desprende de lo expuesto por la especialista, es que muchos de estos garajes webcam captan menores de edad, aprovechándose de su vulnerabilidad.
Es decir, se estaría incurriendo en la práctica de explotación laboral infantil y es ahí donde el Bienestar Familiar junto con la Policía de Infancia y Adolescencia tiene la posibilidad de actuar para proteger los derechos de niñas que pudieran encontrarse ejerciendo dicha labor.
Y mientras una de las modelos dijo sin tapujos que “esto sí es una forma de prostitución, pero virtual”, algunas estadísticas permiten nutrir el debate que es importante que se lleve a cabo en la ciudad, para determinar el tipo de medidas de control a seguir.
En la Cámara de Comercio de Cúcuta cinco empresas tienen registro mercantil como webcam y otras 35 aparecen con denominación de creación audiovisual, pero no hay forma de determinar cuántas de estas son estudios de exportación de contenido sexual.
Indudablemente hay que someter a examen este tipo de estudios de contenido sexual desde la óptica del ordenamiento legal para prevenir que sea un mecanismo utilizado por organizaciones dedicadas a la trata de personas con fines de prostituir a mujeres y hombres que sirven de modelos webcam.
Recordemos que a esa actividad dentro de la ley de financiamiento, en 2019 se le denominó “recurso digital de contenido sexual y/o erótico explícito y desnudez para la recreación del consumidor”.
Todavía queda mucha tela por cortar en este asunto y más aquí en la frontera donde a raíz de la oleada migratoria se ha detectado que entre el 80% y 90% de quienes laboran en las Webcam informales, son venezolanas.
