La violencia en sus diferentes matices que ha enfrentado campos y ciudades de Colombia hoy muestra 10.2 millones de víctimas de la guerra sin control, que ha acompañado a muchas generaciones.
Pero ese conteo no se detiene. Su crecimiento es dado por situaciones como el conflicto entre el Eln y la disidencia de las Farc, en el Catatumbo, y el uso de la nueva arma mortal de los drones con explosivos.
Al observar el Registro Único de Víctimas, que reseña 10.216.759 personas, la comparación más cercana para tener una idea dimensional se advierte que equivaldría, aproximadamente, a seis veces la población de Norte de Santander que para este año está proyectada en 1.717.792 habitantes.
Un microcosmos para analizar esa macroguerra y sus megaefectos, es el territorio catatumbero donde los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que se disputan su control provocó la peor crisis humanitaria de que se tenga registro en materia de desplazamiento forzado.
Resulta que ese desarraigo provocado por quienes desde las hostilidades violentan el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos es el que más afectados ha dejado en el país con un total de 9.1 millones de colombianos obligados bajo intimidaciones a dejar sus tierras.
Lo desafortunado es que nos encontramos en una rueda sin fin la cual gira y gira repitiendo esa desgarradora historia con la sucesión de nuevos casos. “El año pasado vivimos un desplazamiento masivo de más de 60.000 personas en Norte de Santander, algo que nunca se había visto, y hoy la situación sigue siendo crítica”, es el testimonio de Yuleima García, presidenta de la Mesa Municipal de Víctimas que encaja perfectamente para describir la situación actual.
Los homicidios directamente relacionados con ese tipo de violencia se sitúan en el segundo lugar con 1.155.339 hechos hasta el momento, siguen los 845.466 amenazas y 22.603 casos de confinamiento, que también tiene en el Catatumbo uno de los ejes centrales de ocurrencia, así como 845.466 amenazas.
Los anteriores datos y hechos reconfirman, por un lado, que la memoria no puede limitarse a un acto simbólico porque las víctimas merecen la reparación e indemnización conforme a la ley, los victimarios la condena y su acto de verdad y no repetición y el país la urgencia de detener este eterna, incesante y degradada guerra.
Dentro de los datos impactantes también se encuentra el de los desaparecidos. Según la actualización más reciente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), con corte a marzo de 2026, el país registra 136.010 casos
¡Ya es suficiente! El martirio ha llegado a niveles extremos con todo lo hecho por las guerrillas, los paramilitares, los falsos positivos, y hoy las disidencias de las antiguas Farc, las bandas criminales y grupos como el Eln que al ser permeados por el narcotráfico siguen causando más acciones violentas de toda índole.
Para que estos capítulos se vayan cerrando y Colombia pueda optar por alcanzar la paz, se debe buscar es que haya justicia plena y compromisos reales sin que ni el Estado ni las víctimas lleven las de perder o terminen debilitados, entrándose a poner en marcha soluciones que suplan las necesidades básicas insatisfechas y cubran los derechos constitucionales de los colombianos.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
