La inseguridad, con su variedad de formas, persiste en mantener alterados los niveles de percepción de una ciudadanía que siente encontrarse en alto riesgo en las calles o en cualquier lugar de la capital nortesantandereana o del área metropolitana.

Una de esas formas que se ejerce mediante presiones psicológicas y violentas tiene que ver con la extorsión o exigencia de vacunas por parte de la delincuencia a comerciantes, empresarios y ciudadanos en general.

Por coincidencia, se conocieron estadísticas del Gaula que señalan en 82 el número de denuncias por extorsión en lo corrido del presente año, de los cuales 62 corresponden a la ciudad fronteriza, siete a Villa del Rosario y seis en Los Patios, y en paralelo el informe ‘La economía del crimen: un freno estructural’, desarrollado por Corficolombiana.

Y tomando solamente un aparte del citado análisis, para el asombro de todos debemos decir que otra vez seguimos apareciendo en los primeros lugares dentro de los hechos que inciden negativamente en el desenvolvimiento de la vida diaria. 

Ahí se lee que “Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Meta, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Arauca concentran simultáneamente los niveles más elevados de inseguridad y una proporción sustancial de la actividad económica nacional”.

Se hace más que urgente empezar a superar los niveles de una degradada inseguridad que para nuestro caso ha llevado a que tengamos otra vez una contabilización de masacres en medio de una creciente guerra en el Catatumbo que no podemos darnos el lujo de normalizarla y convertirla en un pasaje ordinario de la vida diaria.

Al encontrarnos dentro de esta especie de cinta sin fin en que los hechos violentos se repiten, degradan y adquieren mayor fuerza en cuanto a la utilización de nuevos armamentos y la extensión de las áreas afectadas por el fragor de las balas y las bombas, la situación adquiere visos de muy alto riesgo.

Eso implica que muchas actividades económicas empiecen a afectarse por los impactos de acciones terroristas como los atentados, los paros armados, las exigencias de vacunas, el secuestro y el ataque a la infraestructura de transporte de la carga. Un turbio ambiente de estos lógicamente acarrea otros problemas de diversa naturaleza, como las cuantiosas pérdidas económicas.

Las operaciones se vuelven más complejas y costosas. Se corre el riesgo de la pérdida de mercados y de clientes, tanto por incumplimientos como debido a la misma mala imagen que se cierne sobre la región como consecuencia de todo ese escenario guerrerista que vive.
Obviamente eso tiene una repercusión inmediata sobre los números en el balance, la producción, el empleo y el sostenimiento del negocio.

Es requerido que el Gobierno nacional tenga presente aristas y situaciones como estas al momento de hablar de más impuestos, porque lo trascendente sería una fórmula que mezcle la garantía a la inversión, el apoyo estatal al empresariado, la seguridad y alternativas efectivas para que el empleo, la productividad y la competitividad tengan la opción de seguir creciendo.

Como se aprecia, hay que ejecutarse una fuerte estrategia para devolverles la seguridad a los colombianos dentro de los lineamientos trazados por la Constitución Política de 1991.

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