Culpar sin atenuantes a la fuerza pública de lo que pueda ocurrir durante disturbios o acciones de control es parte fundamental el arsenal de señalamientos contra el Estado en todos los casos en que se deba utilizar cualquiera de los cuerpos de seguridad.

En los últimos tiempos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía ha sido el blanco de acusaciones que van desde uso desmedido de la fuerza hasta homicidio y otros delitos, pasando por el abuso en todas sus formas.

El más reciente episodio, en el sector Las Mercedes, en el corazón de la mayor concentración de comunidades aborígenes del Cauca, dejó dos muertos por razón de heridas con armas de fuego durante disturbios de violencia extrema sobre la Carretera Panamericana.

Aún se desarrollaban los disturbios, y ya circulaba la acusación de los indios contra el Esmad, en el sentido de que algunos policías habían disparado a mansalva contra la multitud que protestaba en forma pacífica.

Por fortuna, actuó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que en un pronunciamiento rápido desvirtuó las acusaciones y señaló que los muertos fueron producto del uso de armas de fuego de carga múltiple de fabricación artesanal que usaron los manifestantes.

Es decir, a las dos personas las mataron los disparos de sus propios compañeros, no las armas del Estado: fueron víctimas de su propio invento.

Y es que el uso de tales armas se está extendiendo entre los campesinos, y de modo especial entre las extrañas organizaciones de control llamadas Guardia Indígena del Cauca, o, en nuestro caso, Guardia Campesina del Catatumbo.

Esas organizaciones, de estructura militar, en apariencia dotan a sus miembros de bastones de madera, pero en ocasiones ellos las reemplazan con armas de verdad hechas de materiales que encuentran a la mano.

Durante el feroz y ojalá irrepetible secuestro disfrazado de paro de Tibú, los campesinos manifestantes usaron ese tipo de armas, que dejaron numerosos heridos entre ellos y entre miembros de la fuerza pública.

La Opinión hizo famoso el episodio de un joven campesino cerca de Tibú al que, luego de varios minutos de preparar un disparo contra los policías con una especie de bazuca artesanal, al parecer de guadua y PVC, el explosivo le estalló en las manos y le causó destrozos muy graves.

Son armas que matan, porque usan explosivos de verdad y proyectiles que, como en el caso del Cauca, a los fallecidos les ocasionaron heridas en tórax que lesionan órganos vitales y dieron lugar a una hemorragia masiva que les arrebató la vida, según dijo Medicina Legal.

Ya pasó en el Cauca. Nada garantiza que no vuelva a ocurrir en otra región. En el Cesar, por ejemplo, donde están apostados muchos de los campesinos que a nombre de una organización legal bloqueó durante semanas, hace dos años y hasta casi estrangularla, a la población de Tibú.

Lo que debe quedar claro es que desde hace un buen tiempo, los campesinos están usando armas que ellos mismos fabrican… y con las que se están matando. Pero los verdaderos responsables no son ellos, sino sus dirigentes que les permiten atacar a la fuerza pública con explosivos y balas que se vuelven contra ellos mismos.

A no ser que lo hagan, precisamente, para poder culpar a las fuerzas del Estado…