Persistir en las divagaciones discursivas presidenciales nos pueden resultar costosas, máxime que ahora que se relacionan con un asunto tan sensible como el narcotráfico.

Mientras el Senado de la República declaró como grupo terrorista al Cartel de los Soles, el presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de Naciones Unidas ratificó su posición frente a la banda del Tren de Aragua, señalando que se trata de delincuentes comunes.

Esas son unas de las incontables discrepancias entre dos de los poderes públicos de Colombia, y que cobran vigencia como consecuencia de la nueva estrategia de Estados Unidos de desplazar equipos militares hasta el Caribe para atacar al narcotráfico en esta parte del continente.

Los senadores de la República advirtieron que el Cartel de los Soles es “una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad territorial”. 

Este asunto es otro de los océanos insondables que separan a la Casa de Nariño del Legislativo, puesto que en concepto de Petro, “en nuestras investigaciones judiciales sobre el narcotráfico no aparece un cartel de los soles”.

Pero también esa posición gubernamental colombiana va en contravía de lo expresado por Estados Unidos que hoy ofrece hasta 50 millones de dólares de recompensa por información que permita la captura de  Nicolás Maduro, al considerarlo cabecilla del venezolano Cartel de los Soles.

El país se encuentra a la expectativa por la decisión que tome el Gobierno nacional  ante la exhortación senatorial para que  “honre los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional”.

Pero como todo apunta a que la administración nacional mantendrá dicha posición negacionista frente a la existencia de la citada organización con vínculos directos entre lo más granado de la cúpula militar y gubernamental venezolana, es bueno recordar esta otra declaración de Petro sobre ese   mismo tema, al que ha considerado como “la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.

Con una descertificación más de carácter político, puesto que no incluyó sanciones ni restricciones, por el momento, lo cierto es que Colombia requiere fortalecer la lucha antidrogas en aspectos como la disminución de las hectáreas con cultivos ilícitos y reduciendo la producción de cocaína.

Hablando de este aspecto, aquí surge una  situación que suena a contradicción, porque mientras el presidente insiste en defender lo hecho en ese aspecto, por el otro admite que hay regiones desde las que salen grandes cantidades de sustancias ilegales hacia otros países.

En ese aspecto hay una referencia en una reciente publicación en la cuenta de Petro en la red social X: “Del lado del Catatumbo la cocaína es manejada por los grupos armados que se han fortalecido allí desde que cerraron la frontera”.

No sabemos a dónde irá a parar esta retórica presidencial. Sin embargo, Petro no debe olvidar que es un jefe de Estado y que todo lo que diga y haga tiene consecuencias buenas, regulares o malas por efecto de sus divagaciones discursivas para el país en los aspectos económicos, políticos  y diplomáticos.

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