La tutela se sigue constituyendo en la llave que en medio de las vicisitudes de la salud utilizan los colombianos para lograr el acceso a los servicios médicos especializados, a una cita normal o para la obtención de los medicamentos que necesitan para la cura de sus males.

Lastimosamente, la cantidad de complicaciones del sistema han llevado a la utilización de este recurso de amparo para poder salvar la vida y contar con las garantías.

Tristemente, esta ‘tutelitis’  es producida en gran parte por la ‘abusitis’ del Estado  colombiano y del mismo régimen de salud que ha seguido deteriorándose.

Se imaginan que no existiera ese mecanismo constitucional. ¿Qué estaría sucediendo? Pues podría llegar a ser muy grave la situación, porque solamente en el primer trimestre de este año las tutelas llegaron hasta las 73.393 favoreciendo por lo menos a igual número de personas para que su salud fuera atendida adecuadamente.

Pero hay que tenerse presente que dichos niveles no pueden seguir creciendo, puesto que de continuar así, dicho indicador demostrará que dichas fallas estructurales tienen que ser solucionadas de manera urgente.

En ese sentido, la Corte Constitucional acaba de dar a conocer un nuevo y demoledor informe sobre las condiciones dramáticas en que se encuentra la salud de millones de colombianos.

Pero en esta ocasión hay algo muy llamativo en ese reporte, al señalar que la crisis del sistema de salud en Colombia no es responsabilidad exclusiva del Ministerio del ramo.

El máximo tribunal advirtió en tres contundentes autos, que el  resultado de una falla sistémica que involucra a toda una red de actores, incluyendo a los entes de control, la Fiscalía, las

Entidades Promotoras de Salud (EPS) y los gremios.

Las EPS aparecen en los documentos con un rol dual. Por un lado, son las principales responsables de las barreras que enfrentan los ciudadanos. 

Pero al mismo tiempo, dichas entidades y los gremios que las representan argumentan ser víctimas de las fallas financieras del sistema. En sus comunicaciones a la Corte, varias entidades afirmaron que la regulación de precios, sumada a la escasez de recursos y a las deudas, las deja en una posición inviable. Citaron que los laboratorios suspenden la producción o retiran medicamentos del canal institucional porque los precios regulados no cubren sus costos de fabricación.

Hay que respaldar a la Corte Constitucional en sus órdenes al Ministerio de Salud y en el pedido a los entes de control para intensificar sus investigaciones, auditorías y sanciones con el fin de que sus contundentes hallazgos se traduzcan en una protección efectiva de los recursos públicos y, en última instancia, del derecho a la salud de los colombianos.

Ahí se encuentran los derroteros a seguir con el propósito de que la institucionalidad  proceda a enderezar el rumbo, teniendo presente lo expuesto en las decisiones de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.

Ese panorama muestra a unos órganos de vigilancia que detectan irregularidades masivas con consecuencias limitadas, mientras las EPS actúan simultáneamente como las principales generadoras de talanqueras para los pacientes y como víctimas de un sistema con profundos problemas financieros que, aseguran, las ahoga.

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