Enfermarse prácticamente se volvió prohibitivo en Colombia. La asignación de los medicamentos dentro del sistema de salud está convertida en todo un dilema para la sociedad, mientras las asignaciones de citas y las autorizaciones para cirugías o tratamientos de alto costo, entraron en un laberinto.

El último hecho de alta gravedad es el riesgo en que se encuentran los 300.000 usuarios de la Nueva EPS en Norte de Santander por las ‘enfermedades’ que la afectan llevándose por delante el derecho fundamental a la atención eficiente, oportuna y adecuada de los pacientes.

Este episodio hace parte del progresivo deterioro que hoy impacta al sistema de salud en Colombia, en medio de la cuestionada acción para intentar reformarlo pero sin fórmulas que realmente ayuden a sacarlo de la crisis que lo ha afectado, entrando en la actualidad en mayores dificultades.

Lo que estamos asistiendo en el país es a una violación constitucional por parte del Gobierno nacional, al estarse empeorando la atención y con una deuda que lo único que está llevando es a la suspensión de los servicios a los colombianos que acuden en búsqueda de medicamentos o de citas especializadas, como es la queja que a diario se escucha.

Ha llegado a tal extremo lo ocurrido que hasta se le planteó al presidente Gustavo Petro un cabildo abierto  por parte de 200 asociaciones de pacientes y de otras organizaciones para tratar lo que han denominado la “grave crisis humanitaria” del sistema de salud colombiano”.  

En este último año de mandato de nuevo la discusión se centrará en el proyecto de reforma con un marcado y elevado  tinte electoral y en medio de la polarización entre los sectores gubernamentales y de oposición, mientras que los problemas persisten como se comprobó en la Nueva EPS en Cúcuta donde hasta un usuario se encadenó a las puertas para protestar por los malos servicios.

Pero antes de darse opciones que mediante la concertación permitan salidas y se construya entre todos una estrategia para encontrar las curas adecuadas a los males que afectan a la salud, bien sea corrigiendo, cambiando y emprendiendo nuevos métodos para conjurar los inconvenientes, lo que se advierte desde el Gobierno es que por vía decreto trata de ir montando el nuevo modelo ideado en su reforma que ha tenido éxito en el  Congreso.

Al auscultar lo determinado en el acto administrativo surgen advertencias de que podría desatar riesgos en la continuidad de los tratamientos de pacientes con  enfermedades crónicas, huérfanas o de alto costo, porque una vez se inscriban en los Centros de Atención Primaria en Salud, de allí los remitirían a redes aún no definidas y que ya no estarían a cargo de las EPS sino de entidades territoriales.

Esas zonas grises que aparecen en el Decreto 0858 son muy delicadas, aparte de que surge la duda de si esta medida tiene como propósito saltarse el Congreso de la República, para implantar los cambios desconociendo al poder Legislativo.

Ningún bien se le hace al país mediante la imposición de los cambios estructurales a la salud  sin el debate legislativo ni el consenso técnico, puesto que de lo contrario se caería en choques institucionales innecesarios y en la aplicación de medidas que a la postre pueden terminar siendo remedios peores que la enfermedad.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.